La necesidad de contar con un nuevo recinto penitenciario para Atacama fue una de las conclusiones a las llegó la mesa conformada por autoridades de la jurisdicción ligadas al ámbito de la justicia, en torno al análisis de la situación penitenciaria de Atacama.

La instancia fue liderada y organizada por el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Carlos Meneses Coloma, y supuso poner nuevamente en evidencia la urgente necesidad de contar con un recinto penitenciario moderno para la región de Atacama.

Esta actividad, que contó además con la participación de la fiscala judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello Abdala, sumó entre sus participantes al fiscal regional del Ministerio Público, Alexis Rogat Lucero; el defensor regional Raúl Palma Olivares y los representantes del Instituto Nacional de Derechos de Derechos Humanos, quienes fueron encabezados por su jefa regional, Marcia Quezada Bracho. 

Al respecto, el fiscal judicial Meneses explicó que el objetivo de la jornada se centró en la evaluación del tratamiento de las personas privadas de libertad durante la situación de pandemia en los recintos penitenciarios de Atacama, constatándose del análisis de la cuestión aspectos positivos como otros negativos tras las distintas ponencias de las autoridades invitadas. 

Los aspectos positivos dan cuenta de la efectiva adaptación del régimen penitenciario a las restricciones de movilidad impuestas a toda la población del país, de manera de procurar la mantención de los canales de comunicación entre las personas internas con los familiares y seres de referencia, así como los avances en el proceso de inmunización logrado en los internos, internas y funcionarios custodios.

“Sin embargo, también ha quedado en evidencia la extrema problemática en los recintos penales de la región de Atacama, la que se relaciona con la antigua y limitada infraestructura de los mismos, todos establecimientos que datan de la segunda mitad del siglo pasado y que no tienen las condiciones de habitabilidad, capacitación ni dan garantías de efectiva reinserción sobre las personas que cobija, circunstancias que la Constitución Política, los tratados internacionales y el derecho penal imponen al Estado de Chile”, declaró el fiscal judicial Meneses. 

Sobre el particular, añadió que “estamos realmente preocupados por las restricciones que en la práctica estas condiciones desfavorables imponen a las personas privadas de libertad en cada uno de los recintos penales de Copiapó, Vallenar y Chañaral. La restricción que estas personas presentan deberá procurar la limitación ambulatoria pero no la injustificada vulneración de otras condiciones”.

Una participación muy importante en esta reunión le cupo a la fiscala judicial de la Corte Suprema Lya Cabello, quien recordó la relevancia que tiene para el Poder Judicial el constatar las condiciones en las que se encuentran los internos en los recintos penitenciarios de todo Chile, fiscalizar y exigir que los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad se respeten.

Sobre este mismo aspecto, el defensor regional Raúl Palma, junto con destacar la instancia ofrecida por la fiscalía judicial de Copiapó para discutir estos temas, aseguró que “mientras no exista una nueva cárcel los presentes (en la mesa) deben afianzar lazos para aportar al trabajo en ayuda de las personas privadas de libertad, sobre todo de los grupos más vulnerables: mujeres, población LGTBI, extranjeros y personas con problemas de salud mental”.

El fiscal Carlos Meneses puso énfasis que esta mesa centrará su trabajo en la cooperación interinstitucional entre los distintos organismos concurrentes, objetivo que propenderá hacia la mejor fiscalización y la atención de los reclamos a las autoridades correspondientes, procurando con ello el cumplimiento de las exigencias normativas que los derechos humanos imponen al Estado en relación con las personas privadas de libertad.