Con una ceremonia por videoconferencia nacional, a la que se sumaron desde Ñuble las autoridades locales de la Seremi de Justicia, Poder Judicial, Fiscalía, Carabineros y PDI, entró en vigencia la Entrevista Videograbada para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves en las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos.

 Se trata de la segunda etapa de la implementación de esta normativa que viene a reconocer que este tipo de víctimas es sujeto de derechos, y que ya desde octubre de 2019 rige en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén, y Magallanes y la Antártica Chilena. La última etapa está prevista a contar del 3 de octubre del 2022 en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana.

La nueva ley crea la figura de los “entrevistadores” y los “intermediadores”, personas acreditadas y especializadas, que están a cargo de desarrollar las entrevistas videograbadas con los niños, niñas y adolescentes durante la investigación penal y durante el juicio oral, respectivamente. Además, la nueva ley crea  “Salas Especiales” en los tribunales, la fiscalía y las policías, donde se desarrollan estas diligencias, en un ambiente acogedor y adecuado.

 Las autoridades locales destacaron que se trata de un nuevo trato hacia la infancia, a través de un marco normativo que regula la toma declaraciones, así como la formulación de preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas durante el proceso judicial, entre otros factores.

El presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Chillán, Guillermo Arcos Salinas, comentó que “se trata de un cambio de modelo en el trato que se debe dar a los niños, niñas y adolescentes en el proceso penal que nos obliga a evitar la reiteración de sus declaraciones, reduciéndolas, por regla general, a sólo una entrevista durante la investigación y sólo una declaración judicial, las que serán realizadas por personas altamente capacitadas para ello, que cuenten con acreditación, y en lugares o salas con las condiciones técnicas adecuadas".

Para la implementación de esta normativa, sólo el Poder Judicial invirtió 100 millones, pues además de la sala existente en el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán, fueron habilitadas 5 salas nuevas en juzgado de Garantía.

 Por su parte, la Seremi de Justicia y DDHH de Ñuble, Jacqueline Guíñez Núñez, destacó que “lo que esta ley busca es prevenir la victimización secundaria por el paso o interacción que tienen estos niños en tanto a la denuncia, en el proceso investigativo y también en el juzgamiento. Por lo tanto, lo que se pretende es protegerlos y que el sistema no sea engorroso y no complique más su situación después de haber sido víctima”.

 En tanto, la Fiscal Regional Nayalet Mansilla Donoso resaltó que “nuestros fiscales y funcionarios, así como los jueces y policías, se han capacitado, coordinado e implementado para que el testimonio de las víctimas se realice de modo seguro, en una sala especial y con equipos técnicos que garanticen que su relato sea un aporte útil para la investigación. Ahora, el sistema y sus instituciones se adecuarán a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y no al revés”. La Fiscalía cuenta con dos salas en Chillán y Quirihue, y con 9 entrevistadores.

 El Jefe de la XVI Zona de Carabineros Ñuble, General Mario Sepúlveda Peralta destacó que “en nuestro caso, el compromiso de la Institución se refleja desde la primera acogida en este tipo de denuncias y para la aplicación de esta ley se expresa en la capacitación de 4 entrevistadores en Ñuble. En el desarrollo de este protocolo de actuación frente a hechos de esta naturaleza, Carabineros de Chile, cumple un importante rol para la protección de las víctimas, desde la toma de la denuncia hasta el proceso judicial que enfrentan".

 El jefe de la Región Policial de Ñuble, prefecto inspector Marcelo Mendoza Medalla, acotó que “en Ñuble contamos con 4 oficiales policiales preparados para cumplir con esta labor, los que provienen de distintas brigadas, para cubrir los requerimientos que las autoridades del sistema judicial demandan de nosotros, siempre buscando evitar la victimización secundaria de las víctimas, y a su vez ayudando a disminuir la sensación de impunidad que existe en la ciudadanía".