El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach, encabezó hoy jueves 3 junio, junto a las máximas autoridades del sistema judicial, una ceremonia telemática que marcó la entrada en vigencia de la segunda etapa de la Ley de Entrevistas Videograbadas: Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, Araucanía y Los Ríos.

Además del presidente Silva, hicieron uso de la palabra en la actividad el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el fiscal nacional, Jorge Abbott; el defensor nacional (s), Marco Montero; la directora de Derechos Humanos y Protección a la Familia de Carabineros, generala Karina Soza; y el jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, prefecto inspector Juan Carlos Carrasco, quienes coincidieron en resaltar los alcances de esta nueva normativa, que establece un nuevo trato a la infancia.

“Esta segunda etapa viene abonada por la experiencia a la primera fase de implementación de la ley, así y haciendo un poco de memoria, el mensaje con el cual esta iniciativa legal se presentó mencionaba entre sus desafíos, el evitar la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales, en lo relativo en su paso por el sistema penal, dado las sucesivas tomas de declaraciones, la inadaptación de las instalaciones en las que está se debían desarrollar, el sometimiento a excesivo peritajes las sospechas, la veracidad de las declaraciones, el trato inapropiado por parte de los funcionarios con los que en esta instancia debían interactuar entre otros aspectos”, señaló en su discurso el presidente de la Corte Suprema.  

Valoración regional

Durante la ceremonia, en cada una de las regiones donde comenzó a regir la ley se llevó a cabo un acto simbólico, un “corte de cintas” en las salas especiales del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó; de la Fiscalía Local de Coquimbo; de la Fiscalía Local de Chillán; del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles; de la Fiscalía Local de Temuco, y de la PDI de Valdivia.

La ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Aída Osses Herrera, aseguró que para la institución “esta ley es muy importante, puesto que propende a la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves y, además, como un punto muy relevante, apunta a evitar la revictimización secundaria. Este es un hito, un cambio de paradigma, un cambio en la historia de la declaración de niños, niñas y adolescentes en el proceso penal”.

En este sentido, la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Caroline Turner recordó que "todas las medidas que se toman con la ley buscan permear el interrogatorio de manera de no contaminar al niño, niña o adolescente, y además todo un entorno que le da seguridad, de manera que no tenga temor a este sitio extraño donde debe contar un hecho que ya es traumático para él o ella".

La jueza presidenta del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, Anamaría Sauterel, reconoció que “estábamos esperando una legislación que respaldara lo que operativamente se estaba haciendo con el uso de las salas especiales. Ahora contamos con todos los protocolos para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, lo que nos pone muy contentos y es un desafío para los tribunales de la Región del Biobío”, concluyó

Anteriormente, en octubre de 2019, había comenzado a regir la primera etapa en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena. Mientras que, la tercera y última etapa está prevista a contar del 3 de octubre del 2022, en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana.