Corte Suprema instruye trabajo a nivel nacional para proteger a los niños y niñas no acompañados que ingresan al país

12-abril-2021
El máximo tribunal del país ordenó la creación de una mesa de trabajo interinstitucional y realizó el primer levantamiento nacional de esta situación migratoria

El Pleno de la Corte Suprema determinó como un asunto prioritario la situación de los niños, niñas adolescentes migrantes sin acompañantes que ingresan al país por pasos irregulares, por lo que ordenó la creación de mesas de trabajo interinstitucionales, protocolos y levantamiento de información concreta en todo el país.

El ministro del máximo tribunal Mario Carroza es el encargado  de este tema, el que nació luego de la crisis migratoria del norte del país a finales del 2020. “A raíz de algunos hechos ocurridos en la jurisdicción de Iquique, específicamente en Colchane, la Corte Suprema tomó conocimiento de esta situación y decidió que había que formar un comité que se preocupara de elaborar algunos procedimientos importantes para saber exactamente qué hacer con los niños que no venían acompañados y poder ir a través de la institución, orientando para los efectos de reubicar a estos niños con sus familias”, explicó la autoridad.

El ministro Carroza  estableció que “dentro de los  efectos de la migración, efectivamente lo más grave es un niño que queda al amparo de las autoridades de nuestro país. Y por eso era importante que el Poder Judicial se hiciera cargo de esta situación, pero no podía hacerlo solo, sino que a través de la compañía de otras instituciones. Por eso el trabajo interinstitucional ha sido importante, así como el trabajo de los tribunales de Familia y de los profesionales que los acompañan”. Ya se han realizado reuniones de trabajo con instituciones que participan de estos procedimientos como lo son Sename, Carabineros, PDI, Defensoría de la Niñez, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, ACNUR, OIM, entre otras.

La decisión del Poder Judicial se enmarca en una serie de tratados internacionales de protección de migrantes y grupos vulnerables y decisiones de los poderes judiciales de ser garantes de los derechos de estos ciudadanos. “Nosotros estamos comprometidos internacionalmente por diversos tratados, donde efectivamente  debemos responder en este sentido, antela situación de estos problemas de la infancia y de las migraciones. Por lo tanto, nosotros no lo estamos haciendo exclusivamente por una razón humanitaria, sino que también, esta razón humanitaria viene de ciertos principios básicos que son tema de derecho internacional, la preocupación por la infancia y los derechos de los niños”, sostuvo. 

El Poder Judicial determinó desarrollar varias líneas de trabajo. El ministro Mario Carroza detalló que lo primero fue pedir un levantamiento de la realidad judicial de este grupo vulnerable y paralelamente abrir la discusión e implementación de protocolos: “En el caso que nos preocupa específicamente de los niños no acompañados, hemos pensado, después de los hechos que puso en conocimiento la magistrada Troncoso de Iquique, que debíamos elaborar un procedimiento que permitiera que cuando el niño ingresa, nosotros ya tengamos algunos elementos a considerar cuando queda en manos de Carabineros o Investigaciones, es decir deberíamos entrar inmediatamente a determinar qué va a pasar con el niño. Por eso se han hecho algunas gestiones para tener en la misma frontera, en el retén de Colchane, una implementación conocida por todos e inmediatamente tomar ciertas providencias como por ejemplo tomar medidas cautelares inmediatas respecto de la situación; contactarnos con las policías, contactarnos con el Sename y con las residencias donde estas personas podrían estar y a su vez empezar a buscar a sus familiares, en relación a si podríamos tener la  posibilidad de reunificar a esa familia y como podríamos hacerlo. El juez tiene esa misión, pero siempre acompañado de las otras instituciones”.

 

La idea de la Corte Suprema, es que luego de hacer un protocolo en base a la experiencia de Iquique, se generen estándares mínimos para ser aplicado en todo el país. “ Estamos en una etapa inicial. Estamos elaborando un protocolo, queremos sensibilizar a las autoridades, a través de las diversas regiones donde podría ocasionarse esta situación, como también hacer una difusión. Entonces podríamos tener como elementos estándar, si ocurriera en Iquique o en Concepción  o en Valparaíso, para estar actuando de la misma forma. En ese sentido también es importante conversar con cada uno de las autoridades que están trabajando en este tema, en concreto o particular, como las policías y Sename, pero también con aquellas autoridades que están en el gobierno, en el Ejecutivo, como lo es el Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores o de Justicia y Derechos Humanos, entendiendo que ellos asumen un compromiso y nosotros también nos comprometemos con ellos, para que siempre estemos trabajando alineados”, destacó Mario Carroza.

 

PRIMER LEVANTAMIENTO NACIONAL

Certeza de la situación. Eso fue lo primero que la Corte Suprema determinó como prioritario, por lo que se instruyó a las Cortes de Apelaciones y a los Centros de Observación y  Control de Cumplimiento de Medidas de Protección (COCCMP) para hacer un levantamiento nacional de la causas ingresadas sobre esta situación.  “Se envió una petición a todas las corte de Apelaciones del país para que  informaran cuál era la situación de su región, de su jurisdicción, respecto de estos niños, tanto aquellos que estaban acompañados como aquellos que no estaban acompañados, y aquellos que estaban en residencias. Hicimos un levantamiento y  se logró tener una primera fotografía de esta situación”.

A nivel nacional, hay 2.777 NNA migrantes con medidas de protección vigentes y de ese total, 31 son no acompañados o en situación de abandono. Además, hay 30 NNA que estando en esta condición, han hecho abandono de la residencia o no han adherido al programa ambulatorio, desconociendo su paradero, por lo que  en todos esos casos existen órdenes de búsqueda de los respectivos juzgados con competencia en familia, siendo monitoreadas mensualmente.

La jueza de Familia de Iquique e integrante de la mesa de trabajo, María Olga Troncoso, explica que la cifra de 31 niños y niñas no acompañados puede parecer menor, es una cifra alta y que corresponde a la fotografía post crisis migratoria del 2020, en donde solo en la región de Tarapacá hubo 34 causas sobre esta temática.

Es, en ese marco, en que el ministro Carroza encabezó esta semana una reunión en que estuvieron presentes diversas instituciones relacionadas con el tema, en la cual se aprobó una metodología de trabajo para elaborar el protocolo de actuación y se estableció la creación de mesas de trabajo  que aborden las distintas temáticas de interés (protocolos, formación y capacitación, sistemas informáticos, difusión y participación ciudadana), cuyos trabajos parciales serán aprobados en el grupo interinstitucional.