Con un enfoque que busca dejar atrás la concepción de niños, niñas y adolescentes (NNA) como “menor” objeto de compasión y represión, la Corte de Apelaciones de La Serena dio a conocer la “Política de efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes” a los representantes de los organismos que participan en la mesa técnica interinstitucional.

En la oportunidad, desde la Corte Suprema, el grupo de trabajo de infancia, presidido (s) por el ministro Mario Carroza, mostró las acciones que se desarrollarán en la región de Coquimbo.

“Estamos interesados desde el Poder Judicial que este proyecto, que tiene plazos y objetivos, pueda concretarse y tenemos el interés que tribunales y todas las instituciones relacionadas con los derechos de NNA participen y compartan el trabajo que han venido realizando individual o colaborativamente porque el objetivo para todos es el mismo”, señaló el ministro.

La política se centra en el interés superior de los NNA, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a ser oídos y el acceso a la justicia, y para ello existen acciones concretas y plazos que deben cumplirse para su ejecución.

En ese sentido, existen diversos ejes, tales como promoción de los derechos; la revisión y creación de sistemas informáticos de datos y estadísticas eficaces; los recursos para infraestructura, formación y capacitación; la participación de NNA para el diseño de acciones o medidas; las alianzas interinstitucionales; las sistematización de procesos y prácticas; y un monitoreo permanente de la de la política de efectivización.

En la jurisdicción La Serena, a través de la Corte de Apelaciones, con el apoyo del Centro de observación y control cumplimento de medidas de protección de NNA, se desarrollarán 13 acciones concretas, que comenzarán su implementación a partir de la reunión.

“Los alcances y acuerdos a los que hemos llegado y lleguemos como instituciones no son menores, ya que definen y definirán la vida de los NNA que son objeto de medidas de protección. Una política sin duda es un aporte, pero el mayor aporte es que todos trabajemos por dejar de lado las diferencias o dificultades que se nos puedan presentar a la luz de los matices y limitaciones que posee cada institución y trabajemos en pos de un objetivo en común”, indicó al respecto la presidenta de tribunal de alzada, ministra Caroline Turner.

Según el informe elaborado por el Centro de observación, el último trimestre de 2020, los ocho tribunales con competencia en familia dictaron 5 mil 515 medidas de protección por vulneración a sus derechos, correspondientes a 192 NNA con medidas vigentes en residencia, 4 mil 896 en programas ambulatorios y 423 en familia de acogida especializada.  En tanto, que existía una lista de espera de ingreso a procesos de intervención de casi 2 mil NNA.

Actualmente en la región de Coquimbo, existen 12 residencias al alero de Sename, para NNA con medidas de protección por vulneración a sus derechos, con capacidad para 213 niños, las que son supervisadas periódicamente en forma directa por los jueces de familia.

Así también el centro se encarga de elaborar un informe semanal de la totalidad de derivaciones, los NNA presentes en cada residencia, los que se encuentran en acercamiento familiar, con órdenes de búsqueda, hospitalizados y situación de contagio de COVID-19.

La mesa interinstitucional de la jurisdicción, está encabezada por el ministro Christian Le-Cerf, asesorado por el Centro de observación, jueces de familia, consejeros técnicos, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Sename, programa Mi Abogado y Defensoría de la Niñez.