El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó, en costas, a Raúl Alexis Pérez Leiva a la pena de cumplimiento efectivo de 12 años de presidio, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. Ilícito cometido en marzo de 2020, en la comuna de La Pintana.
En fallo unánime (causa rol 291-2026), el tribunal –constituido por los jueces Renato Pinilla Garrido (presidente), Francisca Álamos Urzúa (integrante) y Freddy Muñoz Aguilera (redactor)– aplicó, además, a Pérez Leiva las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la noche del 7 de marzo de 202, la víctima, Johan Manuel Hernández González, “(...) se encontraba en la intersección de calles Las Azucenas con Violeta Parra de la comuna de La Pintana, lugar en el que Alan Rodrigo Díaz Ureta, ya condenado, y Raúl Alexis Pérez Leiva quienes premunidos de cuchillos agredieron a Hernández González, causándole distintas heridas cortopunzantes en el hemitórax anterior izquierdo, en el hemitórax anterior derecho, en la cara lateral del hombro derecho, en el antebrazo izquierdo y una herida cortante en la palma de la mano izquierda, produciéndose la muerte por herida cortopunzante penetrante cardiaca”.
En la determinación de la pena y forma de cumplimiento a imponer a Pérez Leiva, el tribunal tuvo presente: “Que el acusado ha resultado responsable, en calidad de AUTOR, de un delito CONSUMADO de HOMICIDIO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, castigado con la pena de presidio mayor en su grado medio, de acuerdo con sanción vigente a la época de los hechos”.
La resolución agrega que: “Ahora, teniendo en consideración que a su respecto no concurren circunstancias que alteren su compromiso delictual, estos sentenciadores se encuentran facultados para recorrer la pena en toda su extensión, optándose por el quantum que se explicitará en la parte resolutiva, por aparecer más condigno y adecuado a los hechos”.
“Para tales efectos, según parecer de estos sentenciadores, resulta forzoso tener en consideración la gran afectación que provocó la muerte del occiso en su grupo familiar y, especialmente, el hecho de que la víctima desarrollaba una actividad laboral formal (guardia de supermercado) y el haber tenido dos hijos a la fecha de su muerte y haber nacido un tercero luego de dicho desenlace fatal, esto es, tres hijos de 11, 8 y 6 años en la actualidad, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia de juicio por la testigo Jenny González Naranjo, madre del occiso”, detalla el fallo.
“En cuanto a la forma de cumplimiento, solo teniendo en consideración la extensión de la pena que se viene anunciando, no procede decretar ninguna de las penas sustitutivas contempladas en la Ley 18.216”, ordena.
Por mayoría, el tribunal resolvió condenar al sentenciado al pago de las costas de la causa, por considerar que “la presunción de pobreza que pudo haberle favorecido por encontrarse privado de libertad, se encuentra desvirtuada por contar con defensa privada”. Decisión acordada con el voto en contra del magistrado Pinilla Garrido, quien estimó que concurre la presunción legal de pobreza del artículo 593 del Código Orgánico de Tribunales, al encontrarse el condenado privado de libertad.