La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección y ordenó a una empresa distribuidora de electricidad cesar con el cobro de consumos cuestionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de cliente en la comuna de Renca.
En la sentencia (rol 17.238-2026), la Octava Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Rodrigo Schnettler, Paula Rodríguez y el abogado (i) Rafael Plaza- consideró actuar arbitrario al no dar cumplimiento a las órdenes de la autoridad fiscalizadora.
“Que, de los hechos establecidos aparece que los Oficios N°292049, N°307406 y N°336477 y la Resolución Exenta N°41032 fueron dictados por la Superintendencia en el ejercicio de la competencia que le confiere la ley, que no consta que hayan sido impugnados judicialmente ni suspendidos, y que, en tales condiciones, son exigibles a la recurrida debiendo incoarse el procedimiento de ejecución y sancionatorio correspondiente.
En ese contexto, en inobservancia de lo resuelto en sede administrativa, desde el 28 de julio de 2025 la distribuidora Enel no ha acreditado haber eliminado de la cuenta de la usuaria los montos ordenados ni haber ejecutado las gestiones instruidas; ha reiterado ante la Superintendencia y ante esta Corte los mismos argumentos ya desestimados; y ha mantenido la exigencia de pago, con intereses por mora, sobre montos cuya facturación no fue autorizada. El informe de verificación del medidor de 23 de agosto de 2025 fue invocado por la recurrida al responder el reclamo por incumplimiento, y la Superintendencia, con posterioridad, reiteró su orden en el Oficio N°336477. Cualquier mérito que la recurrida estimara atribuir a ese antecedente respecto de lo resuelto debió plantearlo por los recursos que la ley contempla, sin que conste que lo haya hecho”, dice el fallo.
Agrega: “Que, en consecuencia, la conducta de la recurrida, que consiste en la omisión persistente de dar cumplimiento a actos administrativos y en el mantenimiento de cobros que éstos ordenaron eliminar, es ilegal, pues contraviene los artículos 3° inciso final y 51 de la Ley N°19.880 y el artículo 141 inciso tercero de la Ley General de Servicios Eléctricos, y constituye además la conducta que el artículo 15 de la Ley N°18.410 califica como incumplimiento de las instrucciones y órdenes de la Superintendencia. Es también arbitraria, porque se funda únicamente en la apreciación de la propia empresa sobre un punto que la autoridad competente resolvió en sentido contrario, y respecto de lo cual su recurso de reposición fue desestimado, sin que conste que haya reclamado judicialmente”.
“Que, la exigencia de pago de sumas que la autoridad competente ordenó eliminar, con recargos por mora y con el riesgo de suspensión del suministro por su impago, perturba el patrimonio de la recurrente en relación a un servicio público de distribución eléctrica y, con ello, el derecho de propiedad que sobre él le asegura el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, a la par de la igualdad que consagra el numeral 2° del citado artículo en su vertiente de isonomía frente al mentado servicio público. La situación se mantiene a la fecha, de modo que la acción cautelar conserva su oportunidad y eficacia, contrariamente a lo que sostiene la recurrida”, continúa el fallo.
La sentencia sostiene: “Que, a lo anterior se agrega que no otorgar amparo importaría dejar sin consecuencia una infracción persistente con visos de perpetuarse, por la sola razón de que la Administración no ha ejercido las potestades de que dispone para hacer efectivo lo que ella misma ordenó”.