Juzgado Laboral de Iquique rechaza denuncia por supuesto despido con vulneración de derechos

19-noviembre-2026

El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique rechazó denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, cobro de prestaciones y daño moral deducido en contra de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, por trabajador que se desempeñó como cocinero y alegó que no se le renovó contrata por discriminación por edad.

En el fallo (causa rol 72-2024), el magistrado David Sepúlveda Cid desestimó la procedencia de la acción al no lograr el denunciante acreditar la existencia de la vulneración alegada y, además, rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la denunciada.

“Conforme lo anterior, cabe recordar –como ya tantas veces lo ha dicho este juzgador– que la regla de juicio del artículo 493 del Código del Trabajo (Ugarte C. José Luis (2018). ‘Derechos Fundamentales, Tutela y Trabajo’. Legal Publishing Chile. Santiago, Chile. 1º Edición, p. 72), si bien determina una rebaja en el estándar probatorio, en atención al mayor poder que ordinariamente detenta el empleador sobre las fuentes de prueba (…), no libera al denunciante de la carga de acreditar la existencia de indicios suficientes de la vulneración, esto es, de proporcionar elementos, datos o señales que permitan presumir razonablemente que el acto denunciado se ha producido, apreciación que ha de efectuarse conforme las reglas de la sana crítica, ponderando la precisión y concordancia de los indicios invocados, y expresándose las razones jurídicas, lógicas o de experiencia que conduzcan a calificar su suficiencia”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “Aclarado ello, la denuncia se desestimará y no puede ser otra la decisión que se adopte, ya que los antecedentes aportados no alcanzan a constituir indicios suficientes de la vulneración denunciada. En efecto, la denuncia sostiene que la medida fue adoptada ‘únicamente’ por la edad del actor, sin identificar más hechos que su edad, su antigüedad y su buen desempeño, y que la reestructuración invocada sería falsa; pero de la prueba rendida no logra extraerse ninguna de tales imputaciones”.

“En cuanto a la alegada afectación de su integridad psíquica, no se rindió prueba alguna”, añade.

Para el tribunal: “Así las cosas, los antecedentes incorporados al juicio por el denunciante, valorados conforme a las reglas de la sana crítica –esto es, recto entendimiento humano, máximas de la experiencia y conocimiento científicamente afianzado, referidas a normas empíricas sostenidas en la razón, la madurez, el buen sentido lógico y el sano juicio–, no logran demostrar la existencia de indicio alguno que reúna las condiciones de precisión y concordancia necesarias para generar en este juzgador, siquiera, la sospecha fundada y razonable de que la denunciada haya incurrido en el acto discriminatorio que se le imputa, de manera que no corresponde dar aplicación a la regla de distribución de la carga probatoria del artículo 493 del Código del Trabajo, ni exigir a la denunciada que justifique los fundamentos de la medida adoptada y su proporcionalidad”.

“(…) conclusiones que no se ven alteradas por las declaraciones de los testigos del denunciante, ya que, más allá de dar cuenta de hechos que no se discuten –sus funciones, la calidad de su trabajo, la forma en que hoy se cubre la cocina–, sus apreciaciones sobre las razones de la salida del actor son meras suposiciones o hacen referencia a lo que tomaron conocimiento por terceros, sin que ninguno de ellos haya presenciado o referido dichos o conductas de la denunciada relativos a la edad del actor”, releva.

 

 

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