A cuatro años de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, los tribunales de la jurisdicción Iquique han ordenado el pago de más de 121 mil millones de pesos mediante los procedimientos especial y extraordinario.
El ministro encargado de asuntos de Familia de la Corte de Iquique, Pedro Güiza, señaló que “la Ley 21.484 faculta a los juzgados con competencia en materia de Familia para investigar, retener y pagar con los fondos que la persona alimentante deudora tenga en sus cuentas corrientes bancarias o en instrumentos financieros y/o de inversión. Si la búsqueda es infructuosa, se autoriza -cumplidas ciertas condiciones- a pagar con cargo a los fondos de capitalización individual de los deudores y que gestionan las AFP”.
Así, entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Iquique —que abarca el Juzgado de Familia de Iquique y los juzgados mixtos de Alto Hospicio y Pozo Almonte- se han ordenado pagar un total de $121.620.835.881.
Esto se divide en las dos opciones de cobro que brinda la ley:
- En el Procedimiento Especial (retención de fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros): se han ordenado pagos por $3.084.551.421 a un total de 8.232 representantes legales.
- En el Procedimiento Extraordinario (pago con cargo a los fondos de capitalización individual de cotizaciones obligatorias en AFP): se han decretado órdenes de pago por $118.536.284.460, alcanzando a 6.311 representantes legales.
Asimismo, de acuerdo con las estadísticas consolidadas, entre el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los tres tribunales de la jurisdicción mantienen un total de 7.042 envíos activos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, siendo 4.323 del Juzgado de Familia de Iquique, 2.238 del Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio; y 481 del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pozo Almonte.
Para el ministro Güiza, “los antecedentes mencionados revelan claramente la efectividad de la Ley 21.484, en cuanto al pago oportuno e íntegro de las pensiones alimenticias, lo que permite contribuir de una manera decidida al desarrollo de los beneficiarios, principalmente niños, niñas y adolescentes, lo que guarda directa relación con uno de los principios fundamentales en materia de familia e infancia, como es el interés superior del niño. De otro lado, da cuenta del trabajo serio y comprometido que realizan cada uno de los integrantes de los tribunales de familia de esta región para la adecuada ejecución de las medidas que entrega esta ley”.