Corte Suprema acoge demanda presentada por Sernac contra cooperativa de electricidad

19-noviembre-2026
En la sentencia (rol 12.263-2025), la Primera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto, Mario Carroza y el abogado (i) Álvaro Vidal- consideró que se vulneraron los derechos del consumidor en cuatro cláusulas del contrato de adhesión con sus clientes.

La Corte Suprema acogió un recurso de casación y en sentencia de reemplazo acogió una demanda presentada en contra de una cooperativa de servicios de electricidad presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por infracciones en las cláusulas de los contratos con sus clientes.

En la sentencia (rol 12.263-2025), la Primera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto, Mario Carroza y el abogado (i) Álvaro Vidal- consideró que se vulneraron los derechos del consumidor en cuatro cláusulas del contrato de adhesión con sus clientes.

 “Que, en relación a la primera denuncia contenida en el recurso, se ha de tener presente que el inciso 2º artículo 50 de Ley Nº 19.496, con vigencia para el caso, disponía que: “El incumplimiento de las normas contenidas en la presente ley dará lugar a las acciones destinadas a sancionar al proveedor que incurra en infracción, anular las cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión, obtener la prestación de la obligación incumplida, hacer cesar el acto que afecte el ejercicio de los derechos de los consumidores, a obtener la debida indemnización de perjuicios o la reparación que corresponda”, tal norma, si bien ha experimentado variaciones, en lo que importa para el estudio de este capítulo de nulidad, entraña la misma concepción, esto es que, se otorgan distintas acciones para sancionar al proveedor que incurre en infracción a la ley del ramo, sin que la redacción de tal disposición siquiera sugiera que son excluyentes entre sí, menos si se observa que cada una de ellas mira hacia objetivos distintos” dice el fallo.

Agrega: “Que, de lo expuesto, surge como lógica consecuencia que, como esta Corte lo ha resuelto con anterioridad, la nulidad de la cláusula abusiva y la multa “poseen una naturaleza y una finalidad distintas: la primera tiene por objeto privar de eficacia a la estipulación que genera un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, restableciendo el justo equilibrio contractual en beneficio del consumidor; la segunda, en cambio, constituye una sanción de carácter infraccional y disuasivo, destinada a reprimir la contravención a normas de orden público económico cuya observancia interesa a toda la colectividad.” (CS. Rol Nº 12.355-2011, criterio reiterado en la causa Rol Nº 100.759-2016).

De este modo, cuando el artículo 24 de la Ley Nº 19.496, prescribe que: “Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas con multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales, si no tuvieren señalada una sanción diferente”, debe interpretarse que a falta de otra sanción de tipo infraccional, es decir, de una multa diversa, se aplicará una de hasta 50 unidades tributarias mensuales, reflexión de la que surge como lógica consecuencia que la declaración de nulidad de una cláusula abusiva no obsta a la aplicación de una multa”.

“Recordaremos que la cláusula 1º del contrato, titulada Línea de Crédito, en lo pertinente señala que “En caso de incumplimiento del cliente de cualquier obligación o cuota que adeude a Coopelan Comercial S.A, podrá Coopelan Comercial S.A. poner término de inmediato y unilateralmente a esta línea de crédito”; a su vez, la cláusula 2º, en lo que importa al recurso, indica que “La línea de Crédito Para Compras en Cuotas se otorga por plazo de un año, renovable tácita y sucesivamente por periodos de un año, salvo que Coopelan Comercial S.A., decida suspender al USUARIO de la utilización del crédito, de acuerdo a lo preceptuado en las cláusulas primera y décima segunda de este contrato”; finalmente, en la cláusula 12º letra A), titulada “Término Anticipado del Contrato”, se pactó que: “En caso de incumplimiento del cliente de cualquier obligación o cuota que adeude a Coopelan Comercial S.A. podrá Coopelan Comercial S.A, poner término de inmediato y unilateralmente a esta línea de crédito”.

“Que, del mérito de las estipulaciones transcritas no sólo se colige que privan al usuario de un conocimiento real y efectivo del funcionamiento de un producto crediticio, condición esencial en la relación contractual que se analiza, infringiendo abiertamente el mandato contenido en el artículo 3º letra b) de la Ley, puesto que cualquier incumplimiento habilitaría al proveedor para suspender o poner término a la línea de crédito, circunstancia que por sí sola importa un desequilibrio contractual en perjuicio del consumidor, en tanto genera incertidumbre sobre la continuidad de su crédito” dice la sentencia.

Al efecto, se ha de tener presente que la cláusula 10º señala que: “MANDATO PARA COBRANZA: Asimismo, por el presente instrumento el usuario otorga mandato amplio a Coopelan Comercial S.A., o a otra persona natural o jurídica que ésta delegue el poder, a fin de que en nombre y representación del USUARIO, suscriba pagarés a la vista o a plazo, por los montos totales adeudados por el usuario y sus respectivos intereses, de acuerdo a este contrato”, concluye el fallo.

La Corte Suprema decide:

I.- Se revoca la sentencia de once de septiembre de dos mil veinticuatro, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Los Ángeles en la causa Rol C-4378-2018, en cuanto:

i.- Desestimó la abusividad de las cláusulas primera, segunda, décima y duodécima del Contrato de Condiciones Generales de Compraventa a Plazo y Línea de Crédito y Mandato para Suscribir Pagarés, y en su lugar se declara que, dichas cláusulas, son nulas por abusivas, careciendo de todo valor y efecto.

ii.- No dio lugar a la aplicación de multas y, en su lugar, se condena a la demandada Coopelan Comercial S.A. al pago de las multas a beneficio fiscal de 25 unidades tributarias mensuales; 35 unidades tributarias mensuales y 25 unidades tributarias mensuales, según lo razonado en los motivos 1°, 2° y 3°, de este fallo, respectivamente.

II.- Se confirma, en lo demás apelado, la referida sentencia.