La Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de protección y ordenó reponer el suministro eléctrico y cesar con el sobre cobro de facturas de consumo de un cliente que tiene un restaurante en su domicilio en la comuna de Til Til.
En la sentencia (rol 13.945-2026), la Novena Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Jenny Book, Christian Carvajal y la abogada (i) Ximena Insunza- estableció que hubo actuar arbitrario al mantener los sobre cobros pese a instrucciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
“Que la Superintendencia informó que, de acuerdo con los antecedentes que recopiló, la recurrida aún no ha dado cumplimiento a lo resuelto, y que su argumento para no refacturar, esto es, que la refacturación generaría un monto mayor al cobrado, carece de sustento, pues solo se la autorizó a facturar tres de los trece meses comprendidos entre mayo de 2021 y junio de 2022 y se le ordenó eliminar todo cobro de intereses y reajustes.
Por su parte, Enel Distribución Chile S.A. no evacuó el informe que se le requirió, pese a haber comparecido en autos solicitando ampliación de plazo, a las reiteradas solicitudes de esta Corte y a las multas que se le impusieron, no informó la forma en que daba cumplimiento a la orden de no innovar decretada, de manera que no ha aportado antecedente alguno que permita tener por cumplidas las instrucciones de la autoridad o justificar su incumplimiento”, dice el fallo.
“Que, en consecuencia, la conducta de la recurrida, que persiste en mantener en la cuenta de la actora los cobros cuya facturación la autoridad no autorizó, junto con los intereses moratorios que estos han generado, sin practicar la refacturación ordenada y sin justificar en forma alguna su proceder, resulta ilegal, pues desatiende actos administrativos obligatorios para ella, y arbitraria, al carecer de todo fundamento razonable, vulnerando lo dispuesto en el artículo 3 números 17, 34 y 36 de la Ley 18.410 y lo prevenido en el artículo 15 de la misma Ley.
La omisión injustificada de la recurrida –en cuanto a dar cumplimiento a las instrucciones y mandatos de la autoridad vulnera la garantía del derecho de propiedad consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al exigirse a la recurrente el pago de sumas que no se ajustan a la normativa ni a lo resuelto por la autoridad competente, bajo la consecuencia de la suspensión del suministro eléctrico del inmueble en que desarrolla su actividad, por lo que el recurso debe ser acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo”, concluye el fallo.