El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique acogió parcialmente la reclamación impetrada por la empresa de servicios Sodexo Chile, sancionada por no remitir a la Inspección del Trabajo denuncia por acoso laboral presentada por trabajador en contra de gerente, al amparo de la Ley N°21.643, conocida como “Ley Karin”.
En el fallo (causa rol 77-2025), el magistrado David Sepúlveda Cid desechó el reclamo relacionado a no remitir la denuncia en el plazo de 3 días, y la rechazó respecto a no informar semestralmente a los trabajadores los canales que mantiene la empresa para la recepción de denuncias sobre incumplimientos relativos a la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y/o violencia en el trabajo.
“(…) ante la presentación de una denuncia como la de autos, el empleador no cuenta con facultades para realizar una especie de examen de admisibilidad o de mérito de ella –sea acerca de si los hechos constituyen o no acoso laboral, sea acerca de la calidad de víctima o la legitimación de quien la formula– como condición para cumplir con su deber de remitirla, desde que tal análisis –que incluye decidir si se da o no curso a la denuncia–, corresponde a la Dirección del Trabajo, la que, en ejercicio de esa competencia, evalúa los criterios para derivar y tramitar las denuncias, tal como lo hizo en este caso mediante el Oficio Ordinario N°101-25381/2025, de 5 de junio de 2025, que invoca la Circular N°04, de 12 de julio de 2024, de ese Servicio”, plantea el fallo.
La resolución agrega que: “La infracción del artículo 211-C inciso 1° y del artículo 12 inciso 5° del D.S. N°21 se configura, entonces, por la sola omisión de remitir la denuncia dentro del plazo, con independencia de su calificación jurídica posterior; y la decisión unilateral de la empresa, adoptada con asesoría de su área legal, de no tratar el escrito como una denuncia de Ley Karin y de retenerlo para gestionarlo internamente es, precisamente, la conducta que la norma pretende evitar cuando los hechos se atribuyen a quien ejerce funciones de dirección o administración, dada la posición que éste ocupa respecto de la organización llamada a investigarlo”.
Respecto al monto de la multa cursada, el tribunal estableció que: “(…) el principio de proporcionalidad (…) exige que la sanción se adecúe a la gravedad concreta del incumplimiento y a las circunstancias de la infracción, y desde esa perspectiva, la omisión sancionada no fue un simple retardo, sino una omisión total y prolongada –más de ochenta días a la fecha de la fiscalización, sin que la denuncia haya sido remitida jamás–, mantenida incluso después del requerimiento expreso de la fiscalizadora de 17 de julio de 2025; recayó sobre hechos atribuidos al máximo ejecutivo del contrato, respecto de quien la empresa no podía investigar, con lo cual se privó al trabajador de que su denuncia fuera conocida desde un inicio por la autoridad llamada a hacerlo; y fue el resultado de una decisión deliberada de la empresa, adoptada con asesoría de su área legal, y no de un error excusable (…); sumado que no se alegó ni acreditó baja capacidad económica ni buena conducta laboral, y que no existe cumplimiento tardío que ponderar, pues la denuncia no fue remitida con posterioridad; sin que las medidas de resguardo, la atención psicológica temprana y los acuerdos alcanzados en la mediación suplan el deber omitido, que es de naturaleza distinta, razón por la cual no existen antecedentes que justifiquen morigerar la sanción, la que se mantendrá en la cuantía fijada”.
El tribunal, en cambio, acogió el reclamo relacionado con no informar semestralmente a los trabajadores los canales que mantiene la empresa para la recepción de denuncias sobre incumplimientos relativos a la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y/o violencia en el trabajo, así como las instancias estatales para denunciar cualquier incumplimiento a la normativa laboral y para acceder a las prestaciones en materia de seguridad social, tras verificar que la empresa sí proporcionó dicha información.
“(…) el hecho que se sancionó –no haber informado semestralmente los canales de denuncia a los trabajadores nombrados– no cuadra con la realidad acreditada en juicio, ya que respecto del primer semestre la información fue entregada y así lo verificó la propia fiscalizadora, y respecto del segundo no había transcurrido el plazo que la ley otorga para cumplir, configurándose el error de hecho que la reclamante denuncia”, releva el fallo.
“En resumen, se acogerá el reclamo dejando sin efecto la multa cursada respecto del hecho 2, al haberse demostrado la existencia del error de hecho que habilita a ello; rechazándose respecto de la multa 1, por no haberse acreditado la equivocación en la labor fiscalizadora que la actora denunció, desestimándose asimismo la petición subsidiaria de rebaja de su monto”, concluye.
Por tanto, se resuelve que:
“I.- SE ACOGE el reclamo deducido por la empresa Sodexo Chile SpA, solo en cuanto se deja sin efecto la multa N°2, de 60 Unidades Tributarias Mensuales, de la Resolución de Multa N°1482/25/41, de 23 de julio de 2025, RECHAZÁNDOSE, en lo demás, la petición principal, esto es, en cuanto impugna la multa N°1, de 60 Unidades Tributarias Mensuales, la que se mantiene.
II.- SE RECHAZA la petición subsidiaria de rebaja de la cuantía de la multa señalada con el N°1, según lo dicho en el motivo 8°”.