La Corte Suprema acogió un recurso de queja y ordenó tramitar demanda por despido improcedente y cobro de prestaciones de un profesor de una fundación educacional.
En la sentencia (rol 43.603-2026), la Cuarta Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Ricardo Blanco, Jessica González, Marisol Rojas y los abogados (i) Pía Tavolari y Eduardo Gandulfo- consideró que hubo falta o abuso grave al acoger la caducidad de la acción.
“Que, para determinar el correcto alcance de dicha normativa, es necesario recordar que en materia laboral las normas procesales deben ser comprendidas integrando de manera concreta los principios inspiradores que justifican la existencia de tal disciplina, presidida, especialmente, por el principio tuitivo o protector, y que uno de los basamentos más sensibles en este ámbito se vincula con el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos, en cuanto consecuencia evidente del reconocimiento constitucional de lo que la doctrina y el derecho convencional y comparado denominan como derecho a la tutela judicial efectiva, de especial relevancia en el contexto de la protección del derecho de los trabajadores.
Tal concepto se alza como fundamento esencial de todo Estado de Derecho, garantizado expresamente por nuestra Carta Fundamental en el numeral 3º de su artículo 19, que reconoce la prerrogativa universal de igual protección de la ley, el derecho a la defensa jurídica, a ser juzgado por el juez natural, y a un justo y racional procedimiento, garantía que, además, encuentra como contrapartida orgánica los principios rectores de la actividad jurisdiccional consagrados en el artículo 76 del texto constitucional, específicamente el de inexcusabilidad, que impone a los jueces el deber imperativo de otorgar un pronunciamiento de mérito sobre la controversia que legalmente se les plantee, sin justificarse de hacerlo”, asegura el fallo.
La sentencia añade: “Que, de este modo, toda interpretación que limite de alguna manera el acceso a la posibilidad de obtención de un pronunciamiento judicial que adjudique un derecho dubitado aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el número 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental, máxime en un contexto de excepcional sensibilidad e importancia como el del derecho del trabajo, que se vincula con la esencia misma del ejercicio de la jurisdicción, en cuanto función tutelar de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento, que, dado su rol protector, debe en lo posible evitar salidas incidentales que impidan un pronunciamiento de mérito”.
La decisión asegura: “Que, en la especie, el día 29 de diciembre de 2025 corresponde, según la propia carta incorporada a los antecedentes, al de la comunicación de la decisión empresarial, mientras que el documento fija el 28 de febrero de 2026 como fecha del término contractual. A ello se añade la rectificación expresa contenida en la última página del acta de conciliación, en que se deja constancia de que la fecha correcta de separación reconocida por la parte reclamada es también el 28 de febrero de 2026”
El fallo plantea: “Que, fijado el comienzo del cómputo en la separación efectiva del 28 de febrero de 2026, la demanda presentada el 8 de mayo siguiente se interpuso dentro del plazo ordinario de sesenta días hábiles del artículo 168 del Código del Trabajo.
De esta forma, la declaración de caducidad se sustentó en el cómputo realizado desde una fecha que no coincide con la separación del trabajador”.
“Que, en consecuencia, la conclusión a la que arribó la judicatura, que decidió no dar curso a la demanda a pesar de su deducción oportuna, privó al recurrente de la potestad para reclamar sus derechos ante la sede jurisdiccional competente, decisión que constituye una falta o abuso grave, ya que impidió el amparo judicial y la obtención de un pronunciamiento efectivo relacionado con la pertinencia de sus alegaciones, razones suficientes para acoger el arbitrio y corregir la resolución impugnada en los términos que se indicarán”, concluye el fallo.