En el marco del trabajo que desarrolla la Corte de Apelaciones de La Serena a través del Grupo Regional de Infancia (GRI), se desarrolló el seminario “Ley de Adopción y desafíos para el Poder Judicial”, con el fin de apoyar la implementación de la normativa en la jurisdicción.
La instancia fue organizada por las juezas de enlace de los tribunales con competencia en Familia de la zona y encabezada por el ministro encargado de los Asuntos de Infancia de la Corte de Apelaciones, Felipe Pulgar.
La actividad reunió a funcionarios, jefes de unidad, administradores, consejeros técnicos y jueces, y además a los equipos de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes de la región -Programa Mi Abogado, La Niñez y Adolescencia se defienden-, y al Servicio de Protección Especializada.
En la ocasión expusieron las juezas Kerima Schichaschwili, Ana Verónica Naranjo y Daniella Pinto, además del ministro Felipe Pulgar, quien explicó que “el objetivo de esta sesión tiene que ver con informar los principales cambios y, sobre todo, detenernos en aquellos desafíos que la ley impone respecto al Poder Judicial, en especial, empezar a conversar a nivel interno en los tribunales sobre las nuevas resoluciones que tienen que dictarse a propósito de los cambios legales que se impusieron en los distintos procedimientos y, con ello, preparar las definiciones que cada uno de los tribunales debe adoptar; ello, con el fin de reducir la espera de niños y niñas institucionalizados y lograr su egreso con familias que les brinden seguridad y protección”.
La Ley 21.760, próxima a entrar en vigencia, regula tres tipos de procedimientos para adoptar a niños, niñas adolescentes, uno de los cuales reforma íntegramente el sistema actual de adopción, al eliminarse el trámite de la susceptibilidad, pasando a crearse la decisión de “adoptabilidad” como una consecuencia necesaria frente a un trabajo familiar frustrado, lo que se apareja a un estricto control de plazos por parte de la judicatura, a fin de lograr el estándar de la oportunidad en las decisiones.
La directora regional del Servicio de Protección Especializada, Marcela Vidal, destacó la posibilidad de “profundizar en algo que es absolutamente relevante como es el derecho de todo niño, niña adolescente a vivir y desarrollarse en una familia. Y particularmente pusimos énfasis en un aspecto que es crucial, que es el tiempo. La nueva ley contempla especialmente esto y lo hace una mirada que es desde el niño, entendiendo que un año, por ejemplo, puede ser un plazo absolutamente razonable para una institución, sin embargo, en la vida de un niño puede representar un periodo absolutamente relevante de su desarrollo y además de eso puede determinar sus posibilidades reales de llegar a una familia. Por tanto, que el foco esté puesto ahí creo que hace absoluto sentido respecto a lo que en la realidad uno va observando”, comentó.
El Grupo Regional de Infancia fue creado en marzo de este año, liderado por el ministro Pulgar y reúne a integrantes del Poder Judicial y representantes de instituciones relacionadas con el quehacer de niños, niñas y adolescentes de la región de Coquimbo, con el objetivo de coordinación para adoptar acuerdos que permitan hacer efectivos sus derechos y garantías. Es así como a la fecha se han analizado temas como el funcionamiento de las Oficinas Locales de la Niñez y la derivación e intervención de niños, niñas y adolescentes con consumo problemático, entre otros.