La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de nulidad en contra de la sentencia que acogió una demanda de enfermedad profesional de una trabajadora de la Dirección de Crédito Prendario.
En la sentencia (rol 3.143-2025), la Duodécima Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Lilian Leyton, Macarena Rebolledo y el abogado (i) Sebastián Perelló- descartó infracción a las reglas de la sana crítica y vulneración a la prueba en el tribunal de primera instancia.
“Que la causal del artículo 478 letra b) tiene por objeto revisar el razonamiento probatorio de la sentencia, con el fin de verificar que no se hayan vulnerado las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, las técnicas o las máximas de la experiencia. En otras palabras, busca controlar que el juez haya fundamentado su decisión respetando dichos parámetros. Para ello, el recurrente debe demostrar el error, indicando específicamente qué hechos fueron mal establecidos y cuál es la causa de ese error”, dice el fallo.
Agrega: “Que, de la lectura de la sentencia impugnada, no se advierte la infracción denunciada. En efecto, el fallo desarrolla en sus considerandos sexto a noveno un razonamiento probatorio pormenorizado, explicitando las razones fácticas y jurídicas que condujeron a la magistrada a tener por acreditada la existencia de una enfermedad profesional de origen laboral, el incumplimiento por parte de la demandada del deber de protección consagrado en el artículo 184 del Código del Trabajo y la existencia del daño cuya reparación se persigue.
Así, la sentenciadora no sustenta sus conclusiones únicamente en la Resolución de Calificación de Enfermedad Profesional N° 1561146 emitida por el Instituto de Seguridad Laboral, sino que pondera conjuntamente dicho antecedente con el informe de calificación respectivo, las medidas prescritas por el organismo administrador, la posterior fiscalización destinada a verificar su cumplimiento, la restante prueba documental incorporada y la prueba testimonial rendida en juicio. En virtud de dicho análisis concluye que la patología sufrida por la trabajadora tuvo origen laboral, que se identificó como factor de riesgo un liderazgo disfuncional asociado a la funcionalidad de la jefatura y que las medidas correctivas ordenadas no fueron íntegramente implementadas por la demandada de manera oportuna”.
La sentencia concluye: “Que, en la misma línea, no se advierte incoherencia ni arbitrariedad en la valoración de la prueba testimonial. La sentencia analiza las declaraciones rendidas, concluyendo que aquellas aportadas por la demandante resultan concordantes con los antecedentes documentales relativos a la calificación de la enfermedad profesional y a las deficiencias detectadas en el ambiente laboral. Del mismo modo, la magistrada explica que los testimonios presentados por la demandada permiten comprender el contexto de desempeño de la trabajadora y las medidas posteriormente implementadas por el servicio, pero no resultan suficientes para desvirtuar las conclusiones derivadas de la restante prueba incorporada al juicio.
De esta forma, lo pretendido por la recurrente no es sino sustituir la valoración efectuada por el tribunal por aquella que estima más favorable a su posición procesal, finalidad que excede manifiestamente el ámbito de revisión propio de esta causal de nulidad”.