El Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar indemnización a un prisionero político sometido a torturas luego de ser detenido mientras participaba en una olla común en la comuna de La Florida, en 1988.
En la sentencia (rol 9.357-2025), el juez Felipe Agurto Martínez consideró que se encuentra probado el daño causado a víctima de un crimen de lesa humanidad.
“Que, en cuanto al acto ilícito que se denuncia en autos, el actor acompañó prueba documental pertinente para comprobar su concurrencia. En primer lugar, de la copia del listado de prisioneros políticos y torturados elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, se desprende que Rodolfo Edison Farías Santander
Lo anterior encuentra corroboración en el oficio ORD DSGT Nro. 40335/2025, de 5 de septiembre de 2025, emitido por el Instituto de Previsión Social, instrumento público que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1699 y 1700 del Código Civil, hace plena fe en cuanto a su otorgamiento, fecha y a las declaraciones efectuadas por el órgano emisor dentro del ámbito de sus competencias, y en el cual se identifica expresamente al actor como víctima de Prisión Política y Tortura -Ley Valech-, calidad en virtud de la cual ha percibido los beneficios reparatorios informados en dicho documento.
Asimismo, la prueba testimonial rendida por la parte demandante aporta antecedentes respecto de las circunstancias que rodearon los hechos y de la privación de libertad sufrida por el actor. Doña Rosa Miriam Farías Santander, hermana del demandante, declaró que éste realizaba labores de voluntariado en la Iglesia Santísima Trinidad de Villa O’Higgins, colaborando en ollas comunes, y que fue detenido por Carabineros en la vía pública durante un operativo policial efectuado en el lugar donde se encontraba con otros voluntarios. Señaló que tomó conocimiento de la detención por su madre y que, mientras la familia intentaba averiguar dónde había sido trasladado, Carabineros allanó el domicilio familiar buscando supuestas armas y papeles. Agregó que posteriormente supieron que se encontraba en la 36ta Comisaría, recinto en el cual se les negó verlo, tomando conocimiento de los golpes y torturas inicialmente por el relato de otras personas que habían permanecido detenidas en el lugar y, posteriormente, por lo que el propio actor les refirió cuando pudieron visitarlo en la cárcel.
Por su parte, Juana Alejandra Méndez Barra declaró que conoce al actor desde hace alrededor de treinta años y que se enteró de su detención por su familia. Señaló que sabe que fue detenido por Carabineros, llevado a la 36ta Comisaría y que fue objeto de golpes, de un simulacro de fusilamiento, del denominado “submarino”, de amenazas y de otros apremios que describió en su declaración.
De esta forma, el reconocimiento estatal de Rodolfo Edison Farías Santander como víctima de prisión política y tortura, unido a las declaraciones testimoniales precedentemente reseñadas, permite tener por acreditado que fue objeto de privación de libertad y de graves atentados contra su integridad personal cometidos por agentes estatales. Sin embargo, no habiéndose incorporado al proceso la carpeta que contiene los antecedentes reunidos en el procedimiento de calificación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, ni otro instrumento público que dé cuenta del período exacto durante el cual permaneció privado de libertad o de cada una de las modalidades específicas de tortura referidas en la demanda, tales circunstancias particulares no pueden tenerse por establecidas únicamente sobre la base del relato contenido en el libelo, debiendo ponderarse en los términos que permiten los restantes antecedentes rendidos en autos”, dice el fallo.