El Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a José Antonio Palma Sánchez a la pena de cumplimiento efectivo de 5 años y un día de presidio, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor del delito consumado de robo con intimidación. Ilícito cometido en diciembre de 2023, en la comuna de Cerrillos.
En fallo unánime (causa rol 90-2025), el tribunal –integrado por los jueces Bernardo Ramos Pavlov (presidente), Fernando Valenzuela González y Pablo Urrutia Sulantay (redactor)– condenó, además, a Palma Sánchez a 3 años y un día de reclusión efectiva, accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más el pago de una multa de 1/3 de UTM, como como autor del delito consumado de receptación de vehículo motorizado.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.
El tribunal dio por establecido y acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 16:50 horas del 19 de diciembre de 2023, “(…) Rodrigo Díaz Contreras se encontraba en la vía pública, en calle El Mirador, de la comuna de Cerrillos, llegó al lugar JOSÉ PALMA SÁNCHEZ, junto a otros cinco sujetos, a bordo de un automóvil de color plateado, del cual descendieron cuatro de estos y, premunidos de elementos cortantes y punzantes, intimidaron a la víctima, exigiéndole la entrega de sus pertenencias, logrando la sustracción de su mochila, banano, billetera y teléfono celular, para luego abordar el automóvil y darse a la fuga en dirección al oriente.
Posteriormente, siendo las 17:00 horas aproximadamente, en la intersección de la caletera Américo Vespucio con calle Divino Maestro, de la misma comuna, estos mismos sujetos, entre ellos JOSÉ PALMA SÁNCHEZ, fueron sorprendidos por personal de Carabineros manteniendo en su poder el automóvil marca DAEWOO, modelo Nubira, el cual circulaba sin sus placas patentes, inscrito en el R.V.M. del Registro Civil bajo la inscripción UA.7049, el cual previamente había sido sustraído mediante el delito de robo con intimidación, lo que fue denunciado por su actual dueño don Luis Rodríguez Montalva ante la 14° Comisaría de San Bernardo, conociendo el acusado el origen ilícito del automóvil que estaba en su poder, o no pudiendo menos que conocerlo”.
Penas efectivas
En la determinación de las penas y forma de cumplimiento a imponer a Palma Sánchez, el tribunal tuvo presente que: “El título de castigo del delito de robo con intimidación por el cual estos sentenciadores han decidido condenar al acusado es el de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo, cualquiera sea el valor de las especies sustraídas, según lo dispone el inciso primero del artículo 436 del Código Penal, y conforme a lo dispuesto en el artículo 449 N°1 del Código Penal, no se considerará lo establecido en los artículo 65 a 69 del mismo cuerpo legal, por lo que dentro del límite de los grados señalados por la ley como pena al delito, se ha de determinar su cuantía, en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes –una minorante–, así como la mayor o menor extensión del mal causado”.
La resolución agrega que: “Estos magistrados estiman que, pese a lo expuesto por el ente persecutor, la circunstancia en que funda la presunta mayor extensión del daño causado –esto es, particularmente el modo comisivo en que se verificó la intimidación, con una pluralidad de sujetos y el uso de determinados elementos idóneos para ello–, se encuentra comprendido o se constituye como uno de los elementos objetivos del tipo penal por el que se le condenó, no resultando procedente, en consecuencia, esgrimirla además como sustento de una exasperación en su pretensión de condena”.
“El tribunal, entonces, estimando más acorde con el principio de proporcionalidad de las penas, y concurriendo, como se dijo, una circunstancia atenuante y ninguna agravante, las aplicará en el mínimo establecido por la ley, lo que se estima conforme al desvalor de la acción realizada, estimando procedente aplicar la pena de presidio mayor en su grado mínimo”, añade.
“Por su parte, respecto del segundo ilícito imputado, la pena aplicable al delito de receptación, cuando se tratare de vehículos motorizados, como sucede en la especie, es el de presidio menor en su grado máximo y multa equivalente al valor de la tasación fiscal del vehículo, según lo dispone el inciso tercero del artículo 456 bis A del Código Penal”, acota.
“Que el tribunal –continúa–, como se adelantó, conforme a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 449 del Código Penal debe determinar la cuantía de la sanción a imponer, dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito”.
“Teniendo en consideración que, en este caso, concurre una circunstancia atenuante, ninguna agravante y no existiendo antecedentes relativos a una mayor extensión del mal causado, quedando incluso anclado que el vehículo receptado fue devuelto a la víctima del robo que antecedió a la receptación, en forma casi inmediata, es que se estima más ajustada a los hechos aplicar la pena en su mínimo, esto es en 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo”, concluye la resolución.
“Que considerando la extensión de las penas que se impondrán al sentenciado, no resulta procedente sustituir dicha sanción, por algunas de las contempladas en la Ley N°18.216, por lo que deberá cumplir la pena corporal impuesta en forma efectiva”, ordena.