Corte Suprema ordena tramitar demanda de declaración de patrimonio reservado en sociedad conyugal

16-noviembre-2026
En la sentencia (rol 18.679-2025), la Primera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto, María Soledad Melo y Mireya López- consideró que hubo error al acoger la prescripción de la acción.

La Corte Suprema acogió un recurso de casación y ordenó seguir con la tramitación de una demanda de declaración de patrimonio reservado de una mujer en una sociedad conyugal.

En la sentencia (rol 18.679-2025), la Primera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto, María Soledad Melo y Mireya López- consideró que hubo error al acoger la prescripción de la acción.

 “Que, al efecto, cabe hacer hincapié en que la declaración de patrimonio reservado no crea el derecho, sino que hace patente la protección legal subyacente, sin que sea posible obviar que estamos frente a un tipo de patrimonio, es decir, un derecho de propiedad, derecho que es en esencia perpetuo y que, en consecuencia, no se extingue por el sólo transcurso del tiempo, sino que como contrapartida de haber operado la prescripción adquisitiva, hipótesis no planteada”, dice el fallo.

Agrega: “Que, lo reflexionado obliga a mirar la institución de que se trata en relación a las demás instituciones que inciden en la disolución de la sociedad conyugal y posterior liquidación de la comunidad de bienes quedada entre cónyuges; así, se ha de tener presente que los bienes que la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal adquiere en ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria separados de los de su marido constituyen su patrimonio reservado, respecto del cual el artículo 150 inciso 7° del Código Civil dispone que, disuelta la sociedad conyugal, tales bienes ingresan a la partición de los gananciales, a menos que la mujer, o sus herederos, renuncien a estos últimos. A su turno, el artículo 1719 del mismo código faculta a la mujer para efectuar dicha renuncia antes del matrimonio o después de disuelta la sociedad, sin que la ley fije plazo alguno para su ejercicio, lo que resulta corroborado por el artículo 1767 del citado cuerpo normativo, en tanto dispone que la mujer que no renuncia se entiende que acepta los gananciales con beneficio de inventario, sin sujetar dicha opción a término de caducidad o prescripción alguno. De igual modo, el artículo 1781 del referido código, aplicable a la renuncia de los gananciales por la mujer o sus herederos, tampoco contempla plazo para su ejercicio, pudiendo hacerlo mientras no haya entrado en su poder ninguna parte del haber social a título de gananciales, conforme mandata el artículo 1782 del código sustantivo”.

La sentencia continúa: “Que, en tal orden de ideas, la opción que asiste a la mujer -o a sus herederos- para mantener los bienes de su patrimonio reservado renunciando a los gananciales, o bien para incorporarlos a la masa partible, tampoco se encuentra sujeta a plazo legal alguno, de manera que la acción declarativa circunscrita al ejercicio de la opción de renuncia o aceptación de los gananciales, de modo alguno podría quedar sometida al plazo de prescripción de cinco años previsto en el artículo 2515 del Código Civil para las acciones ordinarias, puesto que aquello -como se ha razonado- no sólo iría en contra de la esencia de la acción declarativa de mera certeza, sino que -además- implicaría introducir un plazo a la declaración de patrimonio reservado, sin correlato en las demás acciones que surgen a propósito de la disolución de la sociedad conyugal”.

“Que, con todo, aún de estimarse que esta acción en términos generales o específicos, se encuentra sujeta al plazo de prescripción general, los sentenciadores también incurrieron en un error al fijar el momento en que nació el interés de la actora para deducirla, puesto que al fijarlo soslayaron que mientras no exista controversia sobre el derecho que invoca la actora, no cabía exigirle el ejercicio de una acción declarativa que, hasta entonces, carecía de objeto práctico”, argumenta.

El fallo concluye: “Que, en consecuencia, no se puede sino concluir que los sentenciadores no sólo incurrieron en un error al someter la vigencia de la acción al régimen común de prescripción, sino que también al definir el hecho que generaría la necesidad de accionar, transgrediendo lo previsto en el artículo 2514 del Código Civil; asimismo, desatiende la regulación sobre el régimen reservado de que se trata, contenida en el artículo 150 del mismo código, y particularmente el citado artículo 1781, precepto que no contempla plazo para la renuncia a los gananciales una vez disuelta la sociedad conyugal”.