Corte de Santiago condena al Fisco a pagar indemnización a hijo de dos detenidos desaparecidos

16-noviembre-2026
En la sentencia (rol 8.751-2025), la Séptima Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Hernán Crisosto, Iara Barrios y el abogado (i) Jorge Gómez- descartó error en la sentencia que rechazó la excepción de cosa juzgada por una sentencia anterior que rechazó la demanda.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar indemnización al hijo de dos detenidos desaparecidos secuestrados por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

En la sentencia (rol 8.751-2025), la Séptima Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Hernán Crisosto, Iara Barrios y el abogado (i) Jorge Gómez- descartó error en la sentencia que rechazó la excepción de cosa juzgada por una sentencia anterior que rechazó la demanda.

 “En este caso, respecto a la acción civil, a juicio de esta Corte no procede invocar la cosa juzgada emanada de una sentencia civil anterior para obstaculizar la pretensión iniciada en el año 2024, por cuanto, como ya se dijo, se encuentra acreditado en autos la existencia de una serie de padecimientos a los derechos humanos del actor que le han generado un daño moral reparable –víctima por repercusión de los padecimientos sufridos por sus padres–, sustentado por la experiencia de tortura, detención, muerte y desaparición de éstos. En efecto, en cuanto a su progenitor, éste forma parte de la nómina de personas detenidas desaparecidos durante la dictadura militar, y, en cuanto a su progenitora, por su fallecimiento precedido de su detención y graves tormentos y violaciones a sus derechos humanos, todo lo cual, necesariamente, repercutió en el desarrollo y vida del demandante, a consecuencia de las afectaciones sufridas como resultado de los graves hechos de que fue víctima su núcleo familiar”, dice el fallo.

Agrega: “En la misma línea, si bien el falló agregó: “La Corte hace notar que las acciones civiles intentadas por las víctimas han sido objeto de decisiones que, hoy día, tienen carácter de cosa juzgada. En este sentido, es claro que el instituto de la cosa jugada es un principio garantizador que debe ser respetado en un Estado de derecho.”, igualmente dispuso dejar sin efecto las decisiones cuestionadas, señalando: “En el presente caso, la denegación de justicia surgió por una interpretación judicial contraria a la Convención y la consecuencia de la situación jurídica infringida es que, al día de hoy, las víctimas no han podido hacer efectivo su derecho a reclamar, y eventualmente recibir, indemnizaciones por perjuicios morales alegados por la vía de una determinación judicial. De ese modo, la medida de restitución consecuente con ese daño podría ser disponer que el Estado les garantice el acceso a un nuevo recurso rápido y efectivo de carácter judicial para subsanar dicha situación o, en su defecto, algún mecanismo alternativo que cumpla con esa necesidad.”

Conforme a lo señalado, en este caso resulta plenamente aplicable el “control de convencionalidad” que se desarrolla en la sentencia impugnada”, dice el fallo.

Añade: “Que, por lo expuesto en los motivos anteriores, a juicio de esta Corte en el caso que se revisa no es posible dar aplicación al artículo 177 de Código de Procedimiento Civil, conclusión a la cual se ha arribado, además, teniendo presente una línea jurisprudencial uniforme y reiterada de la Excma. Corte Suprema que descarta la aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil frente a acciones civiles indemnizatorias fundadas en crímenes de lesa humanidad, lo cual se puede corroborar de los fallos dictados en las causas Roles N°144.348-2020; N°32.012-2022; N°31.940-2022; N°102.892-2023; N°113.107-2022; N°248.539-2023; N°14.838-2024 y N°28.147-2024, entre otros.

Particularmente, esta magistratura tiene en consideración lo decidido por el Máximo Tribunal en el fallo dictado en la causa Rol N°149.250-2020, entre cuyos considerandos quinto y sexto de la sentencia de casación la Corte Suprema razonó que en el contexto del derecho internacional de los Derechos Humanos es obligación del Estado no solo prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Viena, sino también la reparación integral de los daños producidos a las víctimas de delitos de lesa humanidad y a sus familiares”.

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