La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de nulidad en contra de la sentencia que condenó a imputados por estafa, ilícito cometido en agosto de 2018.
En la sentencia (rol 4.624-2026), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Pablo Toledo, Claudia Parra y el abogado (i) Rafael Plaza- descartó infracción el rechazar la prescripción de la acción, acoger la demanda de indemnización presentada por un heredero de la víctima y determinar el tipo penal.
“Que, de la lectura del recurso, es posible inferir que no se desarrolla suficientemente tal demostración. En efecto, la defensa denuncia una errónea aplicación de las normas sobre prescripción de la acción penal, sosteniendo que el plazo respectivo se habría cumplido antes de la formalización y que la posterior invalidación de la querella habría eliminado el efecto suspensivo que anteriormente se le atribuyó.
De acuerdo con ese planteamiento, el vicio no residiría en la forma en que se desarrolló el juicio oral ni en la necesidad de renovar la actividad probatoria, sino en haberse impuesto una condena pese a encontrarse extinguida la responsabilidad penal”, dice el fallo.
Agrega: “Mientras el fundamento del capítulo consiste en que ya no era jurídicamente procedente imponer pena alguna, su petición persigue renovar el juicio destinado a resolver la responsabilidad penal de los acusados, sin explicar de qué manera esa renovación corregiría el error denunciado, por lo que la solicitud no guarda correspondencia con el efecto que derivaría la tesis jurídica sostenida por la propia defensa, en los términos del artículo 385 antes citado.
De este modo, tanto la insuficiente demostración del error denunciado como la falta de correspondencia entre su fundamento y la petición concreta impiden acoger este capítulo del recurso”.
El fallo continúa: “Que, el segundo motivo tampoco puede prosperar, pues la defensa confunde el ejercicio de una acción por perjuicios propios con el de un derecho patrimonial adquirido por sucesión por causa de muerte.
En efecto, la sentencia no reconoció al demandante una indemnización por el solo hecho de ser sobrino del ofendido ni por un daño personal derivado de esa relación. En su considerando vigésimo segundo precisó que la acción solo podía prosperar respecto de los perjuicios sufridos por Benjamín Tallman Valenzuela, cuyo derecho a reclamar se transmitió al actor como heredero”.
El fallo sostiene: “Que, tal como se ha expresado, la sentencia no concedió al actor una indemnización por perjuicios personales derivados de su relación con el ofendido, sino que acogió la pretensión respecto de los daños patrimoniales sufridos por el causante, sobre la base de la transmisión sucesoria del derecho a reclamar su reparación.
Por ello, aun prescindiendo de las consideraciones del tribunal acerca de la oportunidad para formular determinadas objeciones civiles, el recurso no demuestra una errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo. La afirmación de que el heredero testamentario no es el ofendido directo por el delito no desvirtúa el título sucesorio que sustenta la decisión; y la petición de renovar el juicio tampoco aparece justificada como consecuencia del error específicamente denunciado, razón por la cual el segundo capítulo será igualmente desestimado”.
“Que, en la especie, la sentencia a quo tuvo por establecido en su considerando duodécimo que los acusados idearon un mecanismo destinado a despojar a Benjamín Tallman Valenzuela de parte de su patrimonio mediante la apariencia de contratos de mutuo, por la suma de 16 millones de pesos a Juana Valeska González Soto y de 194 millones de pesos a la sociedad Inmobiliaria e Inversiones G&C SpA, integrada por los tres acusados.
Asimismo, en sus fundamentos relativos a la configuración del delito y a la participación -considerandos décimo tercero y décimo quinto- el tribunal de base, vinculó esa apariencia negocial con la disposición patrimonial de la víctima y con el propósito defraudatorio que atribuyó a los sentenciados, estableciendo la salida de 210 millones de pesos de su patrimonio mediante el cheque pagado el 08 de mayo de 2018”, asevera la sentencia.
El fallo concluye: “Que esos hechos permiten la calificación jurídica de estafa. El engaño no fue situado únicamente en la falta de pago posterior, sino en la presentación inicial de una operación aparente, destinada a obtener la entrega del dinero sin una voluntad real de restitución.
La sentencia identificó, por tanto, una secuencia que comprende la simulación del negocio, el error de la víctima acerca de su realidad, la disposición patrimonial motivada por esa representación y el perjuicio”.