Sexto TOP de Santiago condena a 14 y 7 años de presidio a autores de tráfico de drogas

16-noviembre-2026
En fallo unánime, el tribunal condenó a Américo Gonzalo Cisternas Ponce y Giovanni Eduardo Briceño Pérez a 14 y 7 años de presidio efectivo, respectivamente. Ilícito cometido en octubre de 2022, en la ciudad de Antofagasta.

El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Américo Gonzalo Cisternas Ponce a la pena de cumplimiento efectivo de 14 años de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más pago de una multa de 80 UTM, en calidad de autor del delito consumado de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Ilícito cometido en octubre de 2022, en la ciudad de Antofagasta.

En fallo unánime (causa rol 294-2026), el tribunal –integrada por los jueces Freddy Muñoz Aguilera (presidente), Pamela González Cárdenas (redactora) y Renato Pinilla Garrido– condenó al acusado Giovanni Eduardo Briceño Pérez a 7 años de presidio efectivo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y multa de 40 UTM, como coautor del delito.

En la causa, el tribunal decretó la absolución por falta de acreditación, de Briceño Pérez del cargo que le formuló el Ministerio Público como autor del presunto delito consumado de receptación de vehículo motorizado.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados, para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Asimismo, se decretó el comiso de la droga, contenedores, teléfonos celulares y dineros incautados en el procedimiento policial.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, “(…) que el 12 de octubre de 2022 fue transportada hacia el sur, en una camioneta Mitsubishi L200 blanca, una carga compuesta por 20 kilos 400 gramos de clorhidrato de cocaína y 763 kilos 200 gramos de cocaína base, totalizando 783 kilos 600 gramos, sustancias sujetas al control de la Ley N°20.000. El traslado fue detectado en la Ruta 5 Norte, Región de Antofagasta, por funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes observaron la camioneta blanca desplazarse detrás de una camioneta negra que cumplía funciones de cobertura. Giovanni Eduardo Briceño Pérez viajaba en el vehículo que transportaba la droga”.

“Que la participación de Giovanni Eduardo Briceño Pérez en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se encuentra acreditada por la prueba testimonial y pericial. Los funcionarios Salazar y Cornejo lo situaron en la camioneta blanca en cuyo interior se encontraba la droga”, consigna el fallo.

La resolución agrega: “Que respecto de la participación de Américo Gonzalo Cisternas Ponce en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se encuentra acreditada con la prueba donde se demuestra una intervención igualmente directa, aunque desempeñada desde la fase de recepción y coordinación del traslado. El propio acusado reconoció que conocía la naturaleza ilícita de la operación, que entregó dos millones de pesos, facilitó una parcela para el arribo de la droga y mantuvo contacto durante el viaje. Tales admisiones encuentran corroboración externa en las declaraciones de Salazar y Cornejo y, de manera especialmente significativa, en las comunicaciones telefónicas reproducidas en juicio. En ellas Cisternas consultó por el avance del desplazamiento, por quienes transportaban la carga y, ante el retraso, indicó que la camioneta fuera dejada en el lugar previamente determinado y que se procurara alojamiento a los transportistas”.

“Estas manifestaciones no se explican razonablemente como una intervención casual o ajena al dominio del traslado, sino como actos concretos de coordinación dirigidos al aseguramiento del destino y recepción del cargamento. Tratándose, además, de un delito de emprendimiento, no era necesario que recibiera materialmente la droga para tener por consumada su intervención en el tráfico acreditado, satisfaciendo con ello los presupuestos de autoría del artículo 15 N°1 del Código Penal”, añade.

“Que –prosigue–, en cambio, corresponde absolver a Giovanni Eduardo Briceño Pérez del delito de receptación de vehículo motorizado. Porque si bien es cierto que con la prueba documental consistente en la denuncia, los registros de los vehículos captados en el procedimiento policial y el informe vigente del SEBV, puede concluirse que efectivamente el vehículo fue objeto de sustracción, reforzado aquello con la pericia de Julio Fuentes por medio de la cual se establece que la camioneta Mitsubishi presentaba alteraciones identificatorias y correspondía registralmente a un vehículo previamente sustraído, aquello ha resultado insuficiente para tener por acreditado el elemento subjetivo exigido por el artículo 456 bis A del Código Penal, puesto que de la dinámica de los hechos por sí solo no permite, en el estándar exigido por el legislador, tener por establecido que Briceño hubiese intervenido en la obtención o adulteración del vehículo, ni que conociera su procedencia delictiva. El perito explicó que la identificación auténtica requirió examen técnico de series de motor y chasis, mientras Briceño afirmó que a simple vista la camioneta no presentaba daños. La circunstancia de que el vehículo fuera utilizado para traficar droga puede despertar sospecha, pero no sustituye la prueba del conocimiento o del no poder menos que conocer exigido por el tipo penal”.

Para el tribunal, en la especie: “(…) tampoco se tuvo por acreditada, la circunstancia del artículo 19 letra a) de la Ley N°20.000. La prueba permite establecer la intervención coordinada de varias personas en el transporte específico, pero no aportó elementos suficientes para afirmar, más allá de toda duda razonable, la pertenencia de ambos acusados a una agrupación o reunión de delincuentes con entidad autónoma respecto de la coautoría propia del hecho concreto. En particular, no se acreditó una relación previa entre Cisternas y Briceño, ni una permanencia, reiteración o estructura suficientemente demostrada que justifique intensificar la respuesta penal por esta vía. La magnitud de la droga y la coordinación logística son antecedentes relevantes, pero por sí solos no permiten tener por configurada esta circunstancia especial”.

En la determinación de las penas y forma de cumplimiento a imponer a los condenados, el tribunal tuvo presente: “Que el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se encuentra sancionado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. Respecto de Briceño concurre una atenuante y ninguna agravante, de modo que el Tribunal no puede imponer el grado máximo del marco legal y fijará la pena dentro del grado mínimo, considerando la extraordinaria cantidad de droga transportada, la naturaleza de las dos sustancias y el grado concreto de intervención. Respecto de Cisternas, no concurriendo circunstancias modificatorias, el Tribunal puede recorrer toda la extensión de la pena legal, debiendo ponderar igualmente la elevada cantidad de sustancia y su intervención en la coordinación y destino de la carga”.

“Que, atendido el quantum de las penas privativas de libertad que se impondrán, su cumplimiento deberá ser efectivo. En cuanto a la multa, se fijará, por tanto, en cuarenta unidades tributarias mensuales para Briceño Pérez y ochenta unidades tributarias mensuales para Cisternas Ponce”, ordena.

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