La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó hoy –viernes 13 de noviembre– los recursos de nulidad interpuesto en contra de la sentencia que condenó a Juan Carlos Reinao Marilao a las penas de cumplimiento efectivo de 12 años, 818 días y 300 días de presidio, en calidad de autor de los delitos consumado de estupro reiterado, abuso sexual y aborto. Ilícitos cometidos entre diciembre de 2016 y julio de 2020, en Chile y Ecuador.
En fallo unánime (causa rol 1.357-2026), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pablo Zavala Fernández, Gonzalo Rojas Monje y la abogada (i) Lorena Pérez Obreque– descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete.
Respecto al delito de estupro, sostiene que: “(…) si se examina la sentencia que se reprocha de nula, se advierte que los sentenciadores, ya desde sus prolegómenos, particularmente en su considerando décimo, establecen el marco contextual en que se desarrollaron los hechos punibles imputados, destacando que el acusado detentaba posiciones de poder, tanto en su calidad de alcalde de una municipalidad como por encabezar, además, una asociación de municipalidades vinculada a un determinado origen étnico. A partir de tales circunstancias, los jueces acertadamente identificaron en el acusado una figura revestida de poder e influencia, destacando que los primeros contactos con las víctimas se produjeron precisamente en el contexto de diversas actividades públicas, comunitarias, estudiantiles y de gestión edilicia en las que aquel intervenía debido a sus cargos”.
La resolución agrega que: “En tal acápite, cobró para los sentenciadores especial importancia las expectativas de la víctima de obtener las ayudas necesarias para alcanzar sus metas académicas, para estudiar la carrera de medicina, tratándose de una alumna, a la fecha de los hechos, de excelencia académica, perteneciendo, como se refirió por los falladores, a un sector rural, de escasos recursos, donde el imputado ejercía un poder omnímodo, tal como se explicaba en los motivos iniciales que contienen sus razonamientos, todo ello realizado para obtener el objetivo libidinoso del acusado, esto es, mantener relaciones sexuales con ella”.
Para el tribunal de alzada: “No resulta ser efectivo en tal sentido que los jueces no hayan estructurado en sus argumentos, cuál fue la relevancia y coacción que se realizó con la temática de las becas, para los estudios superiores de la afectada. Los jueces, como se desprende de sus extensos razonamientos, van hilvanando de manera concadenada, el rol que en los estupros jugó dicho ardid, tal como ha sido analizado en el presente fallo”.
“Resulta ser inexacto afirmar que la concesión de becas obedecía a un procedimiento objetivo, impersonal y reglamentado, como lo pretende hacer ver la defensa. Lo declarado por la afectada, por sus padres y por una testigo en caso alguno hacen contrastar lo analizado por los jueces”, añade.
Con relación al aborto practicado a la víctima en Ecuador, el fallo consigna que: “Los jueces, evidentemente no declaran punible un delito cometido en el extranjero, sino que, por el contrario, como lo concluyen en el motivo vigésimo primero de la sentencia y una vez verificado el test de veracidad de la información, concluyeron que el imputado en todo momento ostentó el dominio funcional del hecho y participó de manera directa e inmediata en la ejecución del delito. Aquello no fue una conclusión derivada del capricho de los sentenciadores, sino que fue el resultado de análisis lógicos, que les permitieron concluir que la intervención directa del encartado se demostró a partir del relato de la afectada, quien detalló la forma en la cual el imputado tomó parte directa y material en el proceso causal del aborto”.
“No resulta ser efectivo que los ‘galenos’ ecuatorianos fueran unos desconocidos, singularizados por los nombres de pila como señala la defensa, sino que, por el contrario, como analizaron y razonaron los jueces, se trataba de cercanos al imputado, quien había estudiado con ellos en la República de Cuba. De ahí que los jueces concluyeran lógicamente que la intervención del encartado fuera directa, habiendo dirigido de manera hegemónica la organización del plan criminal”, releva el fallo.
Sobre el abuso sexual, la resolución descarta: “(…) el tópico cuestionado por la defensa, el reproche no es tal, ya que los jueces dieron cuenta en el motivo vigesimonoveno, que se indujo el consumo de alcohol, como medio facilitador para doblegar las defensas de la víctima y mermar su capacidad de reacción, encontrándose la afectada mayor de edad durmiendo al momento del acto libidinoso, luego de inducirla, como consignaron los jueces, a beber alcohol, ergo, si se analizan los propios textos doctrinarios citados por la defensa en su libelo, se concluye que se dieron los supuestos que la figura típica exige, para entender que concurre el ilícito imputado”.
Querellante
Con relación al recurso de nulidad presentado por el querellante Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), en la parte que decretó la absolución del exedil, de la imputación por violación y abuso sexual en contra de la representada por la entidad recurrente, el tribunal de segunda instancia compartió el criterio del primer grado.
“A su turno, hizo surgir dudas en los sentenciadores, la dinámica descrita por la supuesta víctima, en el hecho acaecido en un hotel de Santiago de Chile. Esto es que ella, sin que nadie se lo pidiera, se sentara a la orilla de la cama donde se produciría el hecho, que se pusiera un pijama en circunstancias que el edil le señaló que saldría a comprar condones, que no tuviera claro el momento en el cual exteriorizó su negativa, que permaneciera en el hotel después del hecho, que se juntara con el supuesto agresor después de los hechos y que volvieran juntos al sur de Chile. Hizo surgir aún mayores dudas en los jueces que, con posterioridad a los hechos, ella repitiese el mismo escenario con el imputado, ya que ambos volvieron a viajar a Santiago en avión, pernoctando en la capital y solos, sin perjuicio que ella habría señalado que jamás había vuelto a viajar sola con el encartado, lo cual en definitiva no era cierto”, detalla la resolución.
Por tanto, se resuelve que: “SE RECHAZAN los recursos de nulidad planteados por la defensora doña Paula Vial Reynal, abogada, en representación del acusado Juan Carlos Reinao Marilao, y por doña Javiera Quidel Bernales, abogada por la querellante SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, en representación de la víctima directa y querellante K.R.C.R., en contra de la sentencia definitiva pronunciada el 7 de agosto de 2026 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, en causa RIT 98-2025, RUC 2210020244-5 de dicho Tribunal, declarándose en consecuencia, que la indicada sentencia impugnada y el juicio oral en la cual se dictó, no son nulos”.
En el ámbito civil, la Corte de Concepción confirmó la sentencia que condenó a Reinao Marilao al pago de una indemnización de perjuicios de $10.000.000 por concepto de daño moral, a la víctima demandante.
