Corte Suprema envía a Cámara de Diputadas y Diputados informe de proyecto de ley por incomparecencia injustificada en juicio oral

13-noviembre-2026
"Se valora que la iniciativa incorpore un motivo absoluto de nulidad para el caso en que se celebre el juicio en ausencia sin concurrir los presupuestos legales que lo autorizan. Esta regla constituye una garantía relevante frente a la introducción de una modalidad de juzgamiento que restringe la participación personal del acusado, al permitir el control de legalidad de la decisión judicial de proceder en su ausencia”.

La Corte Suprema envió a la Cámara de Diputadas y Diputados su informe del proyecto de ley que “Modifica el Código Procesal Penal para regular la continuidad del juicio oral y permitir la dictación de sentencia definitiva ante la incomparecencia injustificada del acusado”.

El asunto fue analizado en el Pleno del 09 de noviembre pasado y el documento fue enviado a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados al día siguiente.

“En conclusión, la iniciativa introduce modificaciones al Código Procesal Penal destinadas a permitir la celebración y continuación del juicio oral, así como la dictación de la sentencia definitiva, cuando el acusado no comparezca injustificadamente a la audiencia, evitando que su rebeldía determine necesariamente la paralización del procedimiento y el sobreseimiento temporal de la causa. Se trata de una modificación relevante al régimen de presencia del acusado en el juicio, que busca compatibilizar la continuidad de la función jurisdiccional y la persecución penal con el derecho de la víctima a obtener una decisión judicial dentro de un plazo razonable”, dice el informe.

Agrega: “En términos generales, la nueva versión del proyecto recoge y resuelve varias de las observaciones formuladas previamente por la Corte Suprema. En particular, se advierte una adecuada coordinación entre las reglas sobre rebeldía y sobreseimiento temporal contenidas en los artículos 101 y 252 del Código Procesal Penal; una mayor precisión de los presupuestos que deben concurrir para autorizar la celebración del juicio en ausencia, especialmente en lo relativo a la notificación, la justificación de la incomparecencia y la existencia de defensa técnica; y la extensión de esta posibilidad al procedimiento simplificado, mediante la incorporación de reglas específicas en los artículos 395 bis, 396 y 396 bis”.

El informe añade: “Asimismo, se valora que la iniciativa incorpore un motivo absoluto de nulidad para el caso en que se celebre el juicio en ausencia sin concurrir los presupuestos legales que lo autorizan. Esta regla constituye una garantía relevante frente a la introducción de una modalidad de juzgamiento que restringe la participación personal del acusado, al permitir el control de legalidad de la decisión judicial de proceder en su ausencia”.

“Sin perjuicio de lo anterior, subsiste un aspecto que requiere revisión. En efecto, si bien la incorporación de reglas para la celebración de audiencias en ausencia del requerido en el procedimiento simplificado permite superar la falta de regulación advertida anteriormente, la propuesta establece exigencias y criterios de procedencia que difieren de aquellos previstos para el juicio oral ordinario. En particular, se exige una segunda incomparecencia injustificada y se incorporan factores adicionales que debe ponderar el juez de garantía”, sostiene la Corte Suprema.

La Corte Suprema continúa: “Atendido que el proyecto no explicita las razones que justifican este tratamiento diferenciado, parece conveniente revisar su configuración, procurando una mayor coherencia entre ambos procedimientos.

Finalmente, se estima adecuada la incorporación de autorización judicial previa para la adopción de medidas destinadas a localizar y capturar al condenado rebelde, especialmente considerando que algunas pueden afectar derechos fundamentales. Asimismo, la diferenciación entre los estándares de autorización previstos en el nuevo artículo 467 bis resulta atendible, dada la distinta naturaleza y grado de afectación de derechos que pueden implicar unas y otras medidas”.