Corte Suprema rechaza demanda por cese de uso comercial de marca

13-noviembre-2026
En la sentencia (rol 49.009-2026), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrma, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, Jorge Zepeda y Dinko Franulic- descartó error en la sentencia impugnada.

La Corte Suprema rechazó recurso de casación en contra de la sentencia que negó una demanda por cese de uso comercial de una marca de venta de sándwich y productos alimenticios en Calama.

En la sentencia (rol 49.009-2026), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrma, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, Jorge Zepeda y Dinko Franulic- descartó error en la sentencia impugnada.

“En lo que al primer grupo infracciones denunciadas se refiere, la recurrente señala que el fallo recurrido incurre en una abierta transgresión del estatuto registral marcario chileno porque el artículo 2 de la Ley N° 19.039 que establece expresamente que los derechos de propiedad industrial nacen y adquieren plena vigencia a partir de su registro; que el artículo 19 bis D concede al titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizar la marca en el tráfico económico y la facultad absoluta de impedir que cualquier tercero la utilice sin su consentimiento, consagrando expresamente una presunción legal de confusión cuando se utiliza un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o conexos, por lo que los sentenciadores habrían errado al otorgar a los actos de mera tolerancia y permisión familiar, una jerarquía jurídica superior al título de propiedad industrial válidamente concedido, argumentando que la autorización de hecho, originada en el parentesco, constituye una mera tolerancia esencialmente revocable, lo que sucedió con la interposición de la demanda”, dice.

“Al respecto, una atenta lectura del fallo permite determinar que uno de los hechos asentados en el considerando octavo es que la demandada hizo uso de la marca comercial del actor de manera legítima, con el consentimiento expreso de éste, presupuesto fáctico que luego lo analiza a la luz del artículo 19 bis D de la ley del ramo, concluyendo que dicha norma reconoce el derecho del propietario de la marca a prohibir su uso por terceros, pero su consentimiento, en consecuencia, legitima aquel uso. En ese orden de cosas, no es posible advertir la infracción reprochada, porque al haber establecido que el uso de la marca lo fue al amparo de una autorización del actor, hecho asentado en el fallo, no puede entenderse que el actuar del demandado estuvo al margen de la legalidad.

Agrega: “A su entender, los sentenciadores habrían incurrido en la violación de las leyes reguladoras de la prueba, vulnerando de forma insubsanable las reglas sobre la carga probatoria y el valor de los medios de convicción. El problema es que no denuncia la inaplicación del artículo 111 de la Ley 19.039, única vía posible para poder alterar los hechos establecidos en la sentencia, ni menos alude a algún principio de lógica, máxima de experiencia y conocimiento científicamente afianzado vulnerado en la decisión que se ha impugnado a través de este recurso.

En efecto, en los procedimientos regulados en el artículo 106, de acuerdo al artículo 111 de la Ley Nº 19.039, la prueba debe apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica, por consiguiente, quien pretende cuestionar por esta vía las conclusiones fácticas de los sentenciadores no puede limitarse a invocar preceptos sobre el valor de determinados medios de prueba o a proponer una ponderación diferente de los antecedentes. Debe denunciar la infracción de la norma que gobierna su apreciación y explicar de manera concreta qué regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científicamente afianzado fue desconocido, en qué razonamiento del fallo se produjo el defecto y cómo ello influyó en el establecimiento de un hecho relevante para la decisión. Como se dijo, el recurso no denuncia la infracción del citado artículo 111, ni desarrolla un cuestionamiento concreto en los términos indicados. De este modo, la sola invocación de los artículos 1700, 1712 y 1713 del Código Civil y 346, 384 y 426 del Código de Procedimiento Civil no permite, por sí misma, alterar los hechos asentados por los jueces del fondo, pues no se ha explicado de qué modo su eventual infracción se vincula con un error en la aplicación del sistema de valoración que rige el procedimiento”.