La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó Marco Antonio Rubén Rodríguez, teniente coronel en retiro del Ejército, como autor de los homicidios calificados de 17 campesinos, entre ellos un menor de edad, en octubre de 1973 en las Termas de Chihuío, comuna de Futrono.
En la sentencia, la magistrada condenó a Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares a la pena de presidio perpetuo por su responsabilidad como autor de los homicidios calificados de: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Neftalí Rubén Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Rubén Vargas Quezada, y del menor de 17 años, Fernando Adrián Mora Gutiérrez.
La magistrada ordenó el ingreso del condenado en prisión preventiva, pese tratarse de una sentencia de primera instancia, debido a la cuantía de la pena, la gravedad de los hechos por los que fue condenado y una eventual posibilidad que se reste de la justicia.
La investigación de la ministra estableció:
a) Que, a contar del 11 de septiembre de 1973 se instauró en Chile un régimen militar de facto que desde sus inicios implementó y ejecutó de manera sistemática una política de persecución y represión generalizada en contra de todas aquellas personas que fuesen consideradas opositoras a las nuevas autoridades o derechamente tachadas de nocivas para el logro de sus fines políticos y estratégicos. Este programa estatal represivo contempló el uso sistemático de la fuerza armada y la comisión de graves atentados en contra de los derechos humanos, tales como fusilamientos sumarios, ejecuciones al margen de todo proceso legal, torturas y apremios ilegítimos de diversa índole, incluyendo agresiones de carácter sexual, privaciones de libertad arbitrarias perpetradas en cuarteles oficiales, recintos clandestinos de detención o facilitados por particulares, allanamientos masivos y desapariciones forzadas, conductas desplegadas de manera sincronizada tanto por agentes estatales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad como por civiles que actuaron bajo su amparo, asistencia o aquiescencia.
b) Que, para la consecución de tales fines represivos, organismos de inteligencia y de seguridad así como patrullas de las distintas ramas castrenses operaron en diversos puntos del país, instalándose en cuarteles de paso, centros de detención, en emplazamientos clandestinos que permitieron secuestrar, recluir, torturar y dar muerte a un sin número de ciudadanos. En Paralelo, dependencias ordinarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública también sirvieron como eslabón logístico y operativo para tal propósito; recintos a los cuales acudieron voluntariamente centenares de compatriotas bajo engaño o atendiendo a bandos y llamados de la autoridad militar, o bien, fueron trasladados de manera forzada tras ser aprehendidos en la vía pública o en sus domicilios, sufriendo allí todo tipo de ultrajes a su dignidad, libertad, integridad física, psíquica y, por cierto, el despojo de sus vidas.
c) Que, en la provincia de Valdivia, determinadamente en la comuna de Futrono, al interior del sector del Fundo Arquilhue y en los caseríos de Curriñe, funcionaban las oficinas de la Administración y la Pulpería del Complejo Maderero y Forestal de Panguipulli, emplazadas en el poblado de Chabranco, en las inmediaciones del complejo termal conocido como “Termas de Chihuió", En dicho lugar se encontraba constituida la sede del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", al cual se hallaban afiliados los trabajadores agrícolas y forestales del referido complejo; constatándose que, internándose unos 16 kilómetros en dirección a la cordillera de los Andes, se halla el sector de Chihuío. En este contexto geográfico e histórico, y como consecuencia directa de la violencia política desplegada institucionalmente en contra del sector de la población civil rural de esa zona que era considerada partidaria del régimen depuesto, a contar del 13 de septiembre de 1973, funcionarios pertenecientes a Carabineros de Chile iniciaron de manera concertada y organizada la privación de libertad de diversos obreros de la zona, sin orden judicial alguna que lo autorizara.
d) Que, el día 7 de octubre de 1973 se realizaron nuevas detenciones arbitrarias en contra de civiles residentes de dicho sector por idénticos móviles de persecución política.
El día 9 de octubre de ese mismo año, personal militar perteneciente a los Regimientos de Caballería N°? "Cazadores" y de Artillería Motorizada Nº2 "Maturana", ambos con guarnición en la ciudad de Valdivia, salió con rumbo a la localidad de Futrono al mando de un Oficial y secundado por otros Oficiales de la unidad, conformando una comitiva armada compuesta por camiones institucionales y vehículos menores tipo jeep, que movilizaba una dotación aproximada de noventa efectivos de tropa. La caravana militar se dirigió deliberadamente hacia el sector sur del Complejo Maderero y Forestal de Panguipuili con la instrucción precisa de privar de libertad a campesinos y obreros sindicalizados previamente, seleccionados mediante nóminas confeccionadas con antelación, con la activa participación de lugareños motivados en razones desconocidas.
e) Que, es así como el referido 9 de octubre de 1973, efectivos militares procedieron a irrumpir en un almacén de la localidad de Futrono para aprehender y privar de libertad a (1) Luis Arnoldo Ferrada Sandoval, de 22 años, casado, padre de cuatro hijos, quien se desempeñaba como cajero y bodeguero agrícola en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin que registrase militancia política conocida. Posteriormente, una vez apostados en la localidad de Llifén, la comitiva castrense concurrió hasta el Retén de Carabineros local, recinto donde los funcionarios policiales de esa dotación hicieron entrega formal a los militares de un grupo de trabajadores de la zona que mantenían encerrados bajo custodia por motivos ideológicos, entre los cuales figuraba el civil (2) Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, de 24 años, casado, padre de dos hijos, quien ejercía funciones como Jefe de Fábrica en el aludido complejo forestal y era militante activo del Partido Socialista, individuo que previamente había sido detenido el 7 de octubre de 1973 en el sector de Arquilhue por Carabineros de Lifén y conducido a Futrono el día siguiente. Asimismo, se unió al contingente de prisioneros el ciudadano (3) Rosendo Rebolledo Méndez, de 40 años, casado, padre de ocho hijos, obrero forestal y dirigente del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin colitancia politica conocida, quien se había presentado de forma voluntaria en el Retén de Lifén el 7 de octubre de 1973 bajo promesas de seguridad, quedando recluido en el lugar, para ser conducido a Futrono el 8 de octubre de ese año. De igual manera, el personal militar mantuvo privado de su libertad al campesino (4) Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, de 28 años, casado, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia partidista, quien había sido detenido por Carabineros de Llifén el 7 de octubre de 1973 y entregado formalmente el día 9 a los mandos de la caravana militar.
f) Que, el destacamento militar prosiguió su avance por la ruta cordillerana hasta arribar al sector de Curriñe, lugar donde los Oficiales dispusieron cercar y reunir a la totalidad de la población masculina del caserío, ordenándoles colocarse en fila con las manos en alto. En este sitio, premio dors de listas con nombres específicos de personas, procedieron a apartar y privar de libertad a las siguientes víctimas: (5) José Rosamel Cortés Díaz, de 35 años, casado, padre de dos hijas, obrero maderero del Complejo Panguipulli e integrante del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida; (6) Neftalí Rubén Durán Zúñiga, de 22 años, casado, padre de un hijo, obrero forestal afiliado al mismo sindicato, sin adscripción partidista conocida; (7) Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño, de 20 años, soltero, obrero maderero del complejo forestal, sin militancia política; (8) Juan Walter González Delgado, de 31 años, casado, padre de seis hijos (naciendo el menor de ellos encontrándose su progenitor en cautiverio), empleado administrativo del Complejo Panguipulli y Secretario del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida; (9) Carlos Vicente Salinas Flores, soltero, de 21 años, quien presentaba una invalidez física, desempeñándose como radioperador del complejo y afiliado al sindicato antes mencionado, sin militancia partidista; y (10) Pedro Segundo Pedreros Ferreira, de 48 años, viudo, padre de ocho hijos, empleado administrativo del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli en calidad de Jefe de Predios, sin militancia conocida.
Que, las víctimas aprehendidas en Curriñe fueron subidas por la fuerza y bajo constantes malos tratos a la parte posterior de los camiones militares, prosiguiendo el convoy su marcha hacia el sector rural de Chabranco.
g) En la localidad de Chabranco, los efectivos militares privaron de libertad a un nuevo grupo de pobladores civiles, individualizados como: (11) Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, de 46 años, casado, padre de dos hijas, obrero maderero del complejo e integrante del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política; (12) José Orlando Barriga Soto, de 32 años, casado, padre de cuatro hijas, oficial herrero del Complejo Panguipulli y Tesorero del Sindicato "Esperanza del Obrero", sin militancia conocida; (13) Narciso Segundo García Cancino, de 31 años, casado, padre de cuatro hijos, obrero forestal, sin adscripción partidista conocida; (14) Daniel Méndez Méndez, de 42 años, casado, padre de ocho hijos, obrero forestal y expresidente del sindicato campesino referido; (15) Rubén Vargas Quezada, de 56 años, casado, padre de diez hijos, obrero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia conocida; y (16) Sebastián Mora Osses, de 47 años, casado, obrero forestal del complejo y extesorero del sindicato "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida. En este sector cordillerano, la tropa militar detuvo al menor de 17 años, (17) Fernando Adrián Mora Gutiérrez, obrero maderero del complejo y afiliado al citado sindicato; sin militancia partidista, quien era hijo de Sebastián Mora Osses y fue obligado a abordar el vehículo tras indagar voluntariamente por el destino de su padre.
h) Que, los diecisiete campesinos y trabajadores forestales detenidos en el transcurso del operativo militar fueron trasladados bajo estricta custodia y en condiciones inhumanas hasta las Termas de Chihuío, lugar donde fueron ingresados y mantenidos atados con alambres en una dependencia de la casa patronal del fundo homónimo, de propiedad de la sucesión de la familia Gonzalez Torres. En ese sitio, durante la noche del 9 de octubre de 1973, en medio de la lluvia, el barro y la oscuridad, los prisioneros, quienes presentaban evidentes signos de haber sido sometidos a severos maltratos físicos, fueron sacados de su lugar de encierro por el personal militar y conducidos a pie a un bosque de hualles y arbustos situado a una distancia aproximada de 500 metros del inmueble principal, En las inmediaciones de dicho sector forestal, los efectivos del Ejército, actuando sin justificación legal y de manera concertada, procedieron a ejecutar a todos los prisioneros mediante ráfagas de fusilería de asalto de dotación institucional, provocandoles la muerte en el lugar sin que mediara proceso judicial, consejo de guerra o instrucción administrativa previa de ninguna especie que legitimara tal proceder.
i) Que al amanecer del día siguiente, un testigo de la zona constató de manera directa la presencia de los cuerpos inertes de los ejecutados tendidos en la faja boscosa del predio, advirtiendo que los cadáveres presentaban múltiples impactos de bala, desgarros y heridas cortantes visibles en sus extremidades y abdomen. Los restos mortales de los campesinos permanecieron abandonados a la intemperie en el mismo sitio del crimen durante varios días, cubiertos rústicamente con ramas, troncos y vegetación del lugar por disposición del personal a cargo del operativo, hasta que, transcurrido dicho lapso y por instrucción de la superioridad militar de Valdivia, una patrulla del Ejército regreso al sector con la finalidad de ocultar los cuerpos, mediante la inhumación clandestina de las victimas, procediendo para ello a sepultarlos en tres fosas comunes previamente excavadas en el terreno rocoso y arcilloso del fundo.
j) Que, con posterioridad a dicho enterramiento irregular y clandestino, los cadáveres de las víctimas fueron exhumados de noche por orden del mando militar y mediante la intervención de terceros no identificados, con el claro propósito de hacer desaparecer de forma definitiva toda evidencia del crimen. Sin perjuicio de ello, años más tarde, familiares y civiles interesados se constituyeron en el paraje de Chihuío para indagar la ubicación de las sepulturas originales, constatándose formalmente mediante posteriores prospecciones arqueológicas, antropológicas y judiciales el hallazgo de múltiples fragmentos óseos humanos consistentes en piezas craneales, de extremidades, columna vertebral, costillas y un total de catorce rótulas, además de vestimentas, calzado y diversos objetos persunales asociados a las víctimas, confirmando científicamente que los cuerpos de los ejecutados habían sido inhumados en dicho predio y desenterrados clandestinamente mediante una remoción mecánica de tierra efectuada por terceros, sin que hasta la fecha de hoy haya sido posible determinar el paradero de los restos óseos que fueron removidos e ignorándose el destino final dado a los mismos, privando de esta forma de manera permanente a sus familias de la posibilidad de recuperar y dar digna sepultura a los restos de sus seres queridos con arreglo a sus convicciones éticas o creencias religiosas.
k) Que, con la finalidad de consolidar el ocultamiento de la masacre, las autoridades militares y administrativas procedieron a practicar ficticias inscripciones de defunción ante el Servicio de Registro Civil e Identificación en favor de diversas víctimas de este episodio, consignando que los decesos se habían verificado en la lejana localidad cordillerana de Liquiñe, atribuyendo el fallecimiento a "causas no precisadas" bajo la fecha del 9 de octubre de 1973. Para dotar de apariencia de legalidad a estas inscripciones, se requirió de manera obligatoria la comparecencia ante el Oficial Civil de soldados conscriptos del Regimiento de Caballería "Cazadores", quienes figuraban registrando domicilio procesal en el mismo recinto militar de Valdivia, forzándolos a deponer falsamente en calidad de "testigos de comprobación de defunción” , en circunstancias de que estos ni siquiera conocían a las víctimas respecto de las cuales declaraban, cumpliendo de esta forma con órdenes verbales expresas emanadas de sus mandos superiores dirigidas a encubrir de manera permanente las ejecuciones sumarias perpetradas en las inmediaciones de las Termas de Chihuío.
