Corte de Santiago rechaza amparo económico por licitación de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

12-noviembre-2026
En la sentencia (rol 3.941-2026), la Octava Sala del tribunal -integradas por los ministros Pedro Caro, Rodrigo Schnettler y el abogado (i) Nicolás Stitchkin- descartó actuar arbitrario de la autoridad.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó amparo económico en contra de la decisión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que adjudicó una licitación para un sistema de servicios tecnológicos de gestión de flota e información de transporte público.

En la sentencia (rol 3.941-2026), la Octava Sala del tribunal -integradas por los ministros Pedro Caro, Rodrigo Schnettler y el abogado (i) Nicolás Stitchkin- descartó actuar arbitrario de la autoridad.

 “Que, conforme lo expuesto, las reclamantes refieren diferencias -o eventuales vicios- que surgirían del proceso de licitación comprendido en autos, antecedentes que, a su juicio, deberían haber llevado finalmente a adjudicarles la licitación.

En ese sentido, en los procesos de licitación, en general, existen varios oferentes que participan en un determinado proceso aprobado y desarrollado conforme a la ley -incluso en algunos casos con la revisión de la Contraloría General de la República-, donde finalmente solo uno de ellos es adjudicado, lo que per se no importa una afectación a la libertad económica de los oferentes no adjudicados, pues esa circunstancia constituye un elemento esencial de esta clase de procesos administrativos. Además, en esos procesos, existe también la posibilidad que algún oferente reclame en contra de la de legalidad o de la procedencia de la licitación misma o de la respectiva adjudicación, sin que ello importe necesariamente una vulneración a la garantía del N°21 del artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Así, para que prospere una acción de amparo económico es necesario que el acto que se alega como ilegal afecte la mencionada garantía, entendiendo esta Corte que, alguna eventual diferencia basada en antecedentes propios de la licitación, como ocurre en autos, excede el ámbito del recurso deducido por las recurrentes y tiene, por su naturaleza, procedimientos y tribunales especializados para conocer de ellos”, dice el fallo.

La sentencia relata que se trataba de contratos de servicios complementarios, entre los que se incluyen los servicios tecnológicos de gestión de flota e información a personas usuarias. Se establece que es un mercado profundamente regulado y que tiene importantes definiciones para limitar la entrada al ejercicio de una actividad económica, la cantidad de competidores en el mercado de la locomoción colectiva, la fijación de precios conforme a criterios de mercado, entre otros.

“En consecuencia, no resulta procedente que se utilice este mecanismo recursivo, de revisión de legalidad, para cuestionar un aspecto de carácter técnico, que mas bien da cuenta de una discrepancia en la evaluación de las ofertas, pues conlleva un examen sobre el mérito de una licitación pública, al menos, en los actos vinculados a la adjudicación, existiendo discusión sobre hechos, de tal forma que no resulta posible por esta vía constitucional zanjar las diferencias entre quienes participan en una licitación y la entidad pública respectiva”, continúa el fallo.

La decisión concluye: “Que, conforme lo expuesto, los hechos denunciados dicen relación con antecedentes propios de la licitación, que son controvertidos entre las partes y que por su naturaleza exceden el ámbito del recurso de amparo económico, motivo por el que la acción constitucional de autos no puede prosperar y, en consecuencia, se procederá a desestimarlo”.

La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Schnettler.

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