La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de nulidad en contra de la sentencia que condenó a dos imputadas por tráfico de drogas, ilícito descubierto en noviembre de 2024 en la comuna de Peñalolén.
En la sentencia (rol 4.554-2026), la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Matías de la Noi y el abogado (i) Sebastián Perelló- descartó infracción en la valoración de las atenuante y agravantes al momento de determinar la pena corporal y la multa accesoria.
“Que, en lo que respecta a la pretendida errónea aplicación del artículo 69 del Código Penal derivada de haberse impuesto a la sentenciada Sandra Salamanca una pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, y a la sentenciada Elsa Matamala una de seis años de presidio mayor en su grado mínimo en lugar de la de cinco años y un día para una, será rechazada.
En efecto, cabe recordar que el artículo 69 del Código Penal dispone: "Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito". Como ha explicado la doctrina nacional, esta norma no impone al sentenciador una fórmula rígida ni una regla de determinación automática, sino que le exige recorrer la extensión del grado -cuando no concurren circunstancias modificatorias que lo fraccionen- ponderando globalmente la extensión del mal causado, de modo que la ausencia de una pauta mecánica de cuantificación no exime en caso alguno al tribunal de fundamentar la medición concreta que realiza”, dice el fallo.
“Ahora bien, en la especie el tribunal de base no prescindió de fundamentar la cuantía impuesta dentro del grado, ni recorrió el marco penal de manera mecánica: por el contrario, impuso a las sentenciadas Salamanca y Matamala penas de siete años y de seis años, respectivamente, de presidio mayor en su grado mínimo -esto es, dentro del extremo inferior del margen legal posible para el delito tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, y no en su extremo superior- explicitando que dicha determinación obedeció a que “[e]n la especie, favorece a Matamala una atenuante y no le perjudican agravantes, por lo que en su caso la pena se regulará dentro del grado mínimo. En el caso de Salamanca, le favorece una atenuante y le perjudica una agravante, las que racionalmente compensadas autorizan a recorrer el marco penal en toda su extensión, desde el presidio mayor en su grado mínimo a medio. En lo que respecta a la entidad de las circunstancias modificatorias de responsabilidad, el tribunal no advierte una especial o particular entidad en la minorante, como tampoco en la agravante que pesa sobre Salamanca. Por último, en cuanto al daño causado con el delito, no se aprecia una extensión mayor a aquella que, por su inherencia, justifica el mayor reproche penal del legislador”.
“Se trata, en consecuencia, de una fundamentación que se ajusta exactamente al criterio de "la mayor o menor extensión del mal producido por el delito" que exige el artículo 69”, sigue el fallo.
La sentencia sostiene: “En todo caso, y aun si se estimara que existió alguna imprecisión en la ponderación que hizo el tribunal para determinar las penas que impuso, dicho vicio carecería de la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo que exige el propio artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, norma que condiciona la declaración de nulidad a que la errónea aplicación del derecho "hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo". En efecto, habiéndose impuesto penas situadas en el tramo inferior del grado mínimo aplicable y fundada expresamente en las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal concurrentes en el caso particular de cada sentenciada así como en la extensión del mal causado con el delito -criterio que la propia norma exige ponderar-, no se advierte que una diversa apreciación de ese mismo criterio hubiere necesariamente de conducir a la imposición del mínimo absoluto solicitado por la defensa, de manera que el reproche formulado no supera el estándar de trascendencia que la causal exige”.
“Así entonces, por ambas razones, a saber, por la existencia de fundamentación ajustada al artículo 69 del Código Penal y por la falta de influencia sustancial del vicio alegado en lo dispositivo del fallo, la causal en estudio será desestimada en cuanto se vincula con la pretendida infracción del artículo 69 del Código Penal”, concluye el fallo.