La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección y ordenó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) efectuar un estudio detallado de la facturación de consumo de energía en un hogar con una niña electrodependiente.

En la sentencia, la Primera Sala del máximo tribunal -integrada por las ministras Lidia Poza, Claudia Parra y la abogada (i)  Catalina Infante- estableció que hubo actuar arbitrario, ya que se encuentra en riesgo la salud de una niña discapacitada.

 “Que la amenaza de suspensión del suministro que motivó la acción, consignada en la boleta de 14 de septiembre de 2026 bajo la expresión "Corte en trámite", perdió vigencia durante la tramitación, desde que la recurrida aceptó la inscripción de la niña en el Registro de Electrodependientes, de la cual emana directamente, mientras se mantenga vigente, la prohibición de suspender el suministro por motivos de deuda, por lo que en esa parte no subsiste una situación que requiera la adopción de medidas por esta Corte”, dice el fallo.

Agrega: “Que, sin embargo, subsiste la controversia relativa a la facturación del suministro. En efecto, la boleta de 14 de septiembre de 2026 registraba un saldo anterior de $364.631 y un total a pagar de $509.303, y la de 19 de octubre de 2026, emitida después de reconocida la condición de electrodependencia, registra un saldo anterior de $677.924 y un total a pagar de $769.280, con un descuento por electrodependencia de $15.738 aplicado solo respecto del último período”.

“Que la determinación de los consumos, saldos, descuentos y demás componentes de la facturación constituye una materia técnica cuyo conocimiento corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en ejercicio de las facultades que le confieren la Ley Nro. 18.410 y el artículo 161 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, según ella misma lo hizo presente en su informe, de modo que no corresponde a esta Corte, en sede cautelar, liquidar la cuenta ni fijar el monto de los descuentos procedentes”, continúa el fallo.

La sentencia sostiene: “Que, con todo, atendida la minoría de edad de la niña, su discapacidad severa y su dependencia tecnológica, la continuidad del suministro eléctrico constituye una condición material indispensable para proteger su vida e integridad física, garantía contemplada en el artículo 19 Nro. 1 de la Constitución Política de la República, cuya tutela debe ser reforzada conforme a los artículos 3 y 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño y a los artículos 7 y 10 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de suerte que, mientras el organismo fiscalizador no establezca la cuenta efectivamente adeudada y los descuentos que debieron aplicarse, una deuda cuya composición no ha sido explicada por la propia recurrida no puede servir de fundamento para la suspensión del suministro”.

“Que, en consecuencia, el recurso será acogido únicamente en cuanto se dispondrá la remisión de los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que, dentro del ámbito de sus competencias, efectúe un estudio completo y detallado de la facturación del suministro y de los descuentos que debieron aplicarse en razón de la condición de electrodependencia de la niña, debiendo la recurrida abstenerse de suspender el suministro por motivos de deuda mientras dicho estudio no se realice, rechazándose en lo demás”, concluye el fallo.