La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó reclamos de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que aplicó una multa a una concesionaria por la exhibición truculenta de un documental histórico.

En las sentencias (roles 1.121- 2025 y 1.122-2025), la Cuarta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros y ministra Jaime Balmaceda, Karola Silva y Rodrigo Carrasco- descartó infracción en la decisión de la autoridad fiscalizadora.

 “Que, por consiguiente, las alegaciones referidas a una pretendida falta de tipicidad de la conducta no pueden prosperar, pues la referencia al concepto “naturaleza cruenta” de las imágenes exhibidas por cierto que resulta subsumible en la categoría de “excesiva violencia” o “truculencia” a que se refiere el ordenamiento sectorial y constituye sólo una forma lingüísticamente diversa de referirse a un mismo fenómeno. Otro tanto acontece con la pretendida falta de fundamentación, pues la decisión del CNTV expresa de manera suficiente las razones que tiene en consideración para decidir la sanción que impone, satisfaciendo de manera bastante la exigencia que en tal sentido le imponen el inciso segundo del artículo 11 y la primera parte del inciso cuarto del artículo 41, ambos de la Ley N° 19.880.

Asimismo, las circunstancias de tratarse de hechos reales, que tuvieron lugar en un determinado contexto histórico y que poseen innegable valor educativo y cultural, o de haberse incorporado una advertencia previa acerca de la naturaleza de las imágenes que serían exhibidas no resultan suficientes para eximir de culpabilidad, pues lo que se reprocha no es la exhibición de esas imágenes en sí, sino el momento del día en que se lo hizo, esto es, en el horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años”, dice el fallo.

Agrega: “Que, por otra parte, no obstante que la expresión utilizada en la parte resolutiva de la decisión contenida en el Oficio N° 1124, en orden a que se acuerda “aceptar el allanamiento de Canal Dos S.A.”, puede resultar técnicamente desacertada, ella debe ser entendida en su contexto, en el sentido que la autoridad administrativa únicamente constató que la concesionaria había reconocido los hechos -los que por lo demás nunca han estado controvertidos-, sin que ello hubiera justificado en caso alguno que se tratara el caso como uno en que se hubiese reconocido la infracción, que es cosa distinta, pues evidentemente se trató la controversia de una cuestión de juicios de valor y, en último término, de calificación jurídica y de subsunción o no de unos hechos no discutidos en determinadas hipótesis legales. La decisión del CNTV discurre en todo momento sobre la base que la ahora reclamante sostuvo en su defensa que su conducta no importaba contravención alguna a la regulación de la Ley N° 18.838 y los razonamientos que se entregan en el Oficio N° 1124 se hacen cargo de todas las argumentaciones que se expusieron para procurar desvirtuar los cargos atribuidos.

En estas condiciones, la imprecisión anotada no tiene aptitud suficiente para constituir una ilegalidad que justifique la invalidación que se pretende”.

“Que, por último, la alegación de falta de proporcionalidad de la sanción no puede ser tampoco atendida, desde que el monto de la multa se reguló en la parte más baja del extremo inferior del rango que prevé la ley en el N° 2 del artículo 33 de la Ley N° 18.838, en rigor casi en el mínimo, y por lo mismo no impresiona en lo absoluto como desmedida, excesiva o exagerada.

Finalmente, se dirá que la Corte no está en situación de pronunciarse acerca de la alegación de infracción al principio ne bis in idem que se formuló durante la vista de la causa, pues no se trató de uno de los reproches que se dirigiera al Ordinario N° 1124/2025 en el reclamo, únicos respecto de los cuales puede recaer el juicio de legalidad que efectúa este tribunal con motivo del conocimiento de la acción consagrada en el artículo 34 de la citada ley”, continúa el fallo.

La sentencia concluye: “Que en razón de todo lo expuesto en los motivos anteriores no cabe sino concluir que el CNTV ha ejercido las facultades que la ley le confiere para el cumplimiento del fin que prevé la Constitución Política ajustándose en todo momento a aquello que la misma ley dispone, justificando debida y suficientemente sus decisiones, de manera tal que deben descartarse las denuncias de ilegalidad que se le han dirigido. Por lo mismo, la reclamación interpuesta será necesariamente declarada sin lugar”.