La Corte de Apelaciones de Santiago elevó el monto de la indemnización que el Fisco debe pagar a un prisionero político sometido a torturas por Carabineros y en un regimiento del Ejército en la comuna de Coquimbo.
En la sentencia (rol 11.181-2025), la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por la ministra Carolina Brengi, el ministro Guillermo Rodríguez y el abogado (i) Sebastián Perelló- consideró que se debe incrementar el monto considerando otros casos similares.
“Que en cuanto al pretium doloris sufrido por el demandante a raíz de los hechos de que fue víctima, esta Corte lo avaluará prudencialmente, teniendo en consideración para ello, los padecimientos emocionales sufridos y las secuelas psicológicas que le produjeron los hechos que rodearon su detención el contexto de ejecución del padre del actor, y los montos judicialmente asignados tanto a las víctimas directas de violaciones a los derechos humanos, en causas similares, en la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), más reajustes desde la fecha en que el fallo queda ejecutoriado o causa ejecutoria e intereses desde la mora”, dice el fallo.
Agrega: “Que habiéndose solicitado en la demanda que el monto que se otorgue por daño moral lo sea, además, con reajustes e intereses, se dará lugar también a tal pretensión, teniendo en consideración para ello, en relación a la época a partir de la cual deben computarse los reajustes del monto que corresponda a la indemnización civil por los perjuicios experimentados por el actor, que en tanto tal ítem tiene por objeto únicamente mantener el poder adquisitivo del dinero y tratándose del resarcimiento del daño extrapatrimonial de origen extracontractual, éstos han de contabilizarse desde que existe certeza inamovible de la efectividad del hecho de que emana la obligación de indemnizar y ésta se hace actualmente exigible, lo que corresponde a la fecha en que el fallo queda ejecutoriado o causa ejecutoria. Dicha suma, así reajustada, devengará además intereses corrientes para operaciones reajustables los que se contabilizarán, eventualmente, desde que el deudor se constituya en mora de su pago”.
