El Undécimo Juzgado Civil de Santiago condenó a un abogado a pagar indemnización a exclientes por negociar sin autorización y perjudicarlos al suscribir transacciones con una empresa demanda por incendio de predios en la comuna de Peralillo.

En la sentencia (rol 3.630-2023), el juez Patricio Hernández Jara estableció que hubo incumplimiento grave e injustificado de las obligaciones contractuales del abogado en la representación de sus clientes.

“Se halla fehacientemente acreditado que el abogado demandado don Arturo Cristián Correa Cuevas incurrió en un grave, abierto e injustificado incumplimiento de sus obligaciones contractuales y de sus deberes fiduciarios de lealtad y diligencia”, dice el fallo.

“En efecto, su contratación inicial y encargo tenía por objeto la persecución de la responsabilidad civil de la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE S.A.) por los cuantiosos daños causados en los predios de los actores con ocasión de los incendios forestales del período 2016-2017. Sin embargo, el profesional subordinó el interés individual de sus representados a la consecución de una negociación en paquete o cierre masivo de 13 causas civiles y acuerdos ambientales tramitados ante la liquidadora Graham Miller Ltda. y la firma DAC Beachcroft Chile Ltda.

En dicha tratativa, el demandado aceptó recortes drásticos y carentes de justificación razonable, que fluctuaron entre el 80% y el 90% de los montos exigidos en los libelos originarios, persiguiendo como móvil determinante el asegurar para sí el cobro concentrado, masivo e inmediato de una abultada bolsa de honorarios. Dicha conducta alcanzó su punto cúlmine con la estructuración del pago directo con CGE S.A. mediante la escritura pública de finiquito del 3 de julio de 2020, en virtud de la cual el profesional percibió directamente la suma total de $370.000.000, anteponiendo su dividendo personal, actuando en beneficio propio y en abierto conflicto de intereses con sus clientes, transgrediendo frontalmente los artículos 1546, 2131 y 2147 del Código Civil, así como las normas éticoprofesionales consagradas en los artículos 1, 14, 15 y 35 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile”, dice el fallo.

Agrega: “Que, la gravedad de la infracción contractual del mandatario se ve acentuada por el hecho de haber actuado a espaldas de sus representados, omitiendo en forma absoluta informarles sobre los términos concretos de la transacción de forma previa a la firma de las escrituras públicas de 30 de abril de 2019 ante la Notaría Raby.

Tal como quedó establecido en el hecho acreditado N°11 del considerando cuadragésimo séptimo, el abogado demandado no solicitó ni obtuvo la autorización previa, explícita e informada de don Rodolfo Förster, de don Raúl Cabello, ni de don Luis Riveros con anterioridad a la celebración de los acuerdos y al posterior ingreso de los escritos de desistimiento en los tribunales el 2 y 3 de mayo de 2019.

Por el contrario, el profesional notificó a sus representados sobre la existencia de las sumas acordadas, únicamente, en los meses de mayo, junio y julio de 2019, al citarlos para la entrega de los vales vista, en una actuación ex post, presentándoles el acuerdo bajo la modalidad de un hecho consumado e irreversible.

Al respecto, conforme a la regla del artículo 1706 del Código Civil, los recibos y finiquitos privados suscritos ex post por los clientes acreditan, únicamente, la recepción del dinero en la fecha consignada en dichos instrumentos, pero en caso alguno tienen por finalidad acreditar que con anterioridad al 30 de abril de 2019 hayan sido consultados o hayan autorizado expresamente la renuncia a sus legítimas expectativas en las pretensiones demandadas, resultando imputable al profesional la violación de la obligación imperativa de rendir cuentas e informar oportunamente consagrada en el artículo 2155 del Código Civil”.

“Que, para una adecuada ponderación del reproche contractual, no puede soslayarse la circunstancia de que las elevadas expectativas pecuniarias que albergaban los actores no constituyeron una mera ilusión o pretensión especulativa nacida de forma espontánea en su fuero interno, sino que fueron sembradas, cultivadas y promovidas por el propio abogado demandado.

Efectivamente, fue el abogado don Arturo Correa Cuevas quien confeccionó, firmó y presentó ante los tribunales competentes las demandas ordinarias originarias, fijando como pretensión resarcitoria las sumas de $2.241.870.000 para don Rodolfo Förster, $408.400.000 para don Raúl Cabello y $200.000.000 para don Luis Riveros, respaldando técnicamente dichos montos en los peritajes privados de valorización del agrónomo Raimundo Pérez Donoso.

De este modo, fue el propio apoderado demandado quien dotó de apariencia de solidez a los reclamos e incentivó en sus representados la convicción sobre la factibilidad de obtener una reparación sustancial.

Por consiguiente, resulta manifiestamente contrario a la buena fe contractual, consagrada en el artículo 1546 del Código Civil, que el profesional que sembró y fundó tales expectativas en sus clientes proceda de forma intempestiva e inconsulta a destruirlas, transigiendo las causas por una fracción ínfima de lo pretendido para satisfacer sus personales urgencias de liquidez de honorarios”, concluye el fallo.