El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Santiago condenó a Rodrigo Isaac Vargas Núñez a la pena de cumplimiento efectivo de 541 días de presidio, más la accesoria general de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito consumado de porte injustificado de arma blanca (cuchillo) en espacio público o de concurrencia masiva. Ilícito cometido en la comuna de Macul, en julio del año pasado.
En fallo unánime (causa rol 141-2026), el tribunal –integrado por los magistrados Grace Díaz Salvo (presidenta), José Pérez Anker y Patricia Erazo Rivera (redactora)– aplicó, además, a Vargas Núñez las accesorias especiales (ley de violencia en los estadios) de inhabilitación para ser dirigente de un club deportivo de fútbol profesional, la prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional e inmediaciones en que este se realice, y la inhabilitación especial temporal para asociarse a un club de fútbol profesional por el término de dos años, a contar de la fecha en que recupere la libertad.
Asimismo, el tribunal decretó el comiso de la especie incautada en el procedimiento policial, cuyo destino corresponderá al Ministerio Público resolver de acuerdo con la ley.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la mañana del 5 de julio de 2025, “(…) mientras se llevaba a cabo la actividad denominada ‘Arengazo’ en el Estadio Monumental David Arellano, en la vía pública específicamente en la intersección de avenida Marathon con Ortiz de Zárate en la comuna Macul, fue sorprendido el acusado por funcionarios de Carabineros portando un arma cortante (cuchillo) de 19 centímetros de largo, sin justificación alguna”.
“Conforme a la pena asignada al autor del delito -presidio menor en sus grado medio- no existiendo circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que considerar y teniendo presente la menor extensión del mal causado, se sancionará al condenado a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, que deberá empezar a cumplir una vez que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada abonándose 26 días que ha permanecido privado de libertad por esta causa. Sin sustitución debido a los antecedentes anteriores y posteriores al delito cometido”, ordena.