La Corte Suprema invalidó la sentencia que había rechazado excepción de nulidad de obligación en una demanda por cobro de facturas cedidas por una sociedad automotriz.

En la sentencia (rol 41.803-2025), la Primera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Arturo Prado, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto, María Soledad Melo y Mireya López- consideró que hubo error al rechazar la excepción planteada.

 “Que la sentencia de primera instancia, confirmada por el tribunal de alzada, rechazó las excepciones opuestas y ordenó seguir adelante con la ejecución.

En lo que concierne a la excepción de nulidad de la obligación prevista en el N° 14 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, fundada en el carácter simulado de las cesiones de las facturas, por no haber existido una voluntad real destinada a transferir los créditos ni precio o contraprestación efectiva por ellas, el fallo de primer grado razona que dicha alegación es oponible a la cesionaria, desde que no cuestiona el negocio causal que dio origen a las facturas, sino la realidad y eficacia del acto mediante el cual la ejecutante adquirió los créditos.

Sin embargo, estima que correspondía a la ejecutada acreditar, conforme al artículo 1698 del Código Civil, los presupuestos fácticos de la simulación invocada, carga que considera incumplida, por no haberse rendido prueba destinada a demostrar que las cesiones carecieron de precio o contraprestación real. Sobre esa base, rechaza la excepción”, dice el fallo.

Agrega: “Que de la reseña que antecede se advierte que los jueces del fondo decidieron rechazar la excepción de nulidad de la obligación por estimar que la ejecutada no rindió prueba destinada a acreditar los hechos fundantes de su defensa, en particular, la simulación de la cesión de las facturas entre cedente y cesionaria.

Sin embargo, del examen de los antecedentes del proceso consta que la ejecutada rindió prueba documental destinada precisamente a acreditar sus alegaciones, la que no fue analizada ni valorada por los sentenciadores, en especial aquella relacionada con la existencia de indicios que podrían dar cuenta del carácter aparente de las cesiones celebradas entre cedente y cesionaria y, por consiguiente, de la falta de voluntad real destinada a producir el efecto traslaticio propio de tales actos.(…)  Y la omisión de aquel análisis ha determinado la falta de las consideraciones de hecho y de derecho que debían servir de sustento a la sentencia, lo que configura el vicio formal previsto en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 N° 4 del mismo cuerpo legal”.

“Que el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil dispone que los tribunales, conociendo, entre otros recursos, por la vía de la casación, pueden invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma”, concluye el fallo.