La Corte de Apelaciones de Arica rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia que condenó a A.A.O.F. a la pena única de 20 años de presidio efectivo, en calidad de autor de los delitos consumados de abuso sexual y violación reiterada de menor de 14 años. Ilícitos perpetrados entre enero y mayo de 2024, en la ciudad.

En fallo unánime (causa rol 609-2026), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros José Delgado Ahumada, María Verónica Quiroz Fuenzalida y Nora Bahamondes Acevedo– descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, el 14 de septiembre pasado.

“Que, en cuanto a la causal principal deducida, esto es, la del artículo 374 letra f) del Código Procesal Penal, referida a la proscripción de que la sentencia exceda el contenido de la acusación, el recurrente reprocha que el fallo condenó a su representado por delitos reiterados de violación, en circunstancias que, a su juicio, la acusación del Ministerio Público habría formulado un relato genérico. En su libelo, la defensa puntualiza que la acusación carecía de individualización de días y horas exactas para cada episodio sexual y que, en su petitorio final, el ente persecutor solicitó penas redactadas en singular (‘por el delito de violación... y por el delito de abuso sexual’). A partir de ello, sostiene que la decisión del tribunal de base de agrupar los hechos como una reiteración en virtud del artículo 351 del estatuto adjetivo, reconfiguró fácticamente la imputación, sorprendiendo a la defensa e impidiéndole ejercer su ministerio respecto de una multiplicidad de episodios no delimitados”, plantea el fallo.

Para el tribunal de alzada: “(…) para resolver esta controversia, resulta imperativo centrar el análisis procesal en la eventual vulneración del derecho a defensa del acusado durante el transcurso del juicio oral. El artículo 341 del Código Procesal Penal consagra el principio de congruencia como una garantía material, cuya finalidad es que el imputado no sea condenado por hechos o circunstancias respecto de los cuales no haya sido formalmente acusado, evitando así que enfrente sorpresas probatorias o se vea imposibilitado de controvertir la imputación”.

“En la especie, se descarta de plano que haya existido indefensión, pues al contrastar el sustrato fáctico imputado por la Fiscalía con los hechos dados por probados –ambos transcritos en el motivo segundo de esta resolución–, se constata que la acusación sí contenía una descripción expresa y literal de una multiplicidad de acciones sexuales”, releva el fallo.

El tribunal de primera instancia dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que durante los primeros días de 2024, A.A.O.F. tomó contacto por redes sociales con la víctima, una menor de entonces 13 años, para coordinar encuentros con el fin de realizar actos de relevancia y connotación sexual. En los primeros encuentros, el condenado conversó con la menor, la besó y realizó tocamientos indebidos. Con el paso del tiempo, fue aumentando la intensidad de los actos de connotación sexual, para lo cual trasladaba a la menor a diversos lugares de la ciudad de Arica y comenzó a violarla a bordo de su vehículo particular.

Asimismo, en una oportunidad, el acusado llevó a la víctima hasta un motel, donde la accedió carnalmente. Acciones que quedaron al descubierto en mayo de 2024, fecha en la que la madre de la adolescente le encontró pastillas anticonceptivas, que el acusado le había proporcionado.