El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a R.C.M.C. y E.M.V. a sendas penas de 10 años y un día de presidio efectivo y accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de una multa de 50 UTM cada uno, en calidad de autores del delito consumado y agravado de trata de personas con fines de explotación sexual. Ilícito perpetrado entre 2022 y 2024, en el territorio jurisdiccional del tribunal.
En fallo unánime, el tribunal condenó, además, a R.C.M.C y E.M.V. a purgar otros 6 años de presidio, con accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; y pago de una multa de 50 UTM, cada uno, como autores del delito consumado de trata de personas con fines de explotación sexual.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados. Asimismo, se decretó el comiso de las especies incautadas en el procedimiento policial.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en el marco de una investigación realizada por la Fiscalía Local de Alto Hospicio en conjunto con el OS9 de Carabineros, se pudo determinar que desde el año 2022 hasta el día 8 de enero de 2024, fecha en la cual se produjo el allanamiento de diversos inmuebles, en días y horas difíciles de precisar, los acusados R.C.M.C y E.M.V., quien era conocida con el nombre de fantasía de ‘Diana’, junto a otras personas, se dedicaron a captar mujeres de distintas edades, ya sea viajando directamente a Bolivia o contactándolas a través de terceras personas, con el fin de ejercer la prostitución en las comunas de Iquique y de Alto Hospicio.
Los acusados coordinaban en algunos casos el traslado hasta las casas que mantenían en Iquique y en Alto Hospicio, ya sea pagando para que pasaran ilegalmente la frontera o trasladándolas directamente desde el paso fronterizo en el camión que conducía R.C.M.C. o esperándolas en algún punto de la región de Tarapacá para ser conducidas hasta los domicilios donde ejercían el comercio sexual, o bien acogiendo a mujeres que llegaban directamente hasta sus inmuebles por datos entregados por terceras personas.
Una vez en el lugar, las mujeres debían ejercer la prostitución bajo el total control de los acusados quienes imponían las reglas que debían respetar en el lugar e incluso debían solicitar permiso para salir de los inmuebles, los que eran concedidos por breves espacios de tiempo, que, de no ser respetados, debían pagar ciertas sumas de dinero bajo el concepto de multas, dinero que era descontado de los pagos por los servicios sexuales que ejecutaban, servicios que, por lo demás, eran pagados directamente a los encargados que mantenían en cada una de las casas sin que ellas pudiesen disponer libremente de sus ganancias.
Conforme a los antecedentes recopilados, fueron otorgadas las respectivas órdenes de entrada y registro a los inmuebles ya referidos, encontrando en ellos a una gran cantidad de mujeres que habían ingresado al país con el fin de ejercer la prostitución, entre las cuales se encontraba una adolescente que llegó a trabajar al lugar cuando tenía 16 años.
