La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección y ordenó a la Municipalidad de Recoleta adoptar medidas de fiscalización y rondas periódicas de equipos de seguridad de un sitio eriazo colindante con una escuela.

En la sentencia (rol 25.187-2025), la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Juan Cristóbal Mera, la ministra Sandra Araya y el abogado (i) Manuel Luna- consideró que hubo actuar arbitrario al no adoptar medidas de seguridad para evitar incivilidades en el sitio entregado al municipio.

La Corte establece que hay una omisión ilegal, por cuanto no ha satisfecho los deberes que el ordenamiento le impone respecto de sus bienes y de la seguridad comunal, toda vez que, siendo propietaria de un inmueble colindante con un establecimiento educacional, no ha adoptado medidas eficaces de fiscalización y control que impidan el ingreso de terceros, ni ha ejercido, respecto de la ejecución del proyecto para el cual entregó el terreno en comodato, la supervisión que le corresponde como comodante y que el propio contrato le encomienda.

“La omisión es, además, arbitraria, pues carece de razonabilidad mantener, sin fiscalización ni control efectivo sobre su destino, un inmueble municipal cuyo acceso permite que en él se desarrollen conductas presenciadas por niños y niñas en edad escolar y que facilita la aproximación a un establecimiento que ya ha sufrido robos, sin que la recurrida haya ofrecido justificación alguna para no extremar su diligencia en un contexto de esa naturaleza”, dice el fallo.

Agrega: “Que la omisión así calificada perturba la integridad psíquica de los niños y niñas que asisten al establecimiento, garantía asegurada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República. Asimismo, la omisión amenaza el derecho de propiedad de la Corporación recurrente, amparado en el numeral 24 del mismo artículo 19, pues la facilidad de acceso al inmueble colindante, unida a la circunstancia de que el establecimiento ya ha sido objeto de un robo debidamente denunciado, configura un riesgo cierto, serio y próximo de nuevos ingresos a sus dependencias y de sustracción de los bienes destinados al servicio educacional, lo que descarta que se trate, como sostiene la recurrida, de una hipótesis meramente eventual”.

“Que, en razón de lo expuesto, corresponde acoger el recurso, en los términos que se dirá en lo resolutivo, dejándose constancia que, atendida la naturaleza cautelar de esta acción, corresponde adoptar las medidas que los antecedentes justifican para restablecer el imperio del derecho, las que, considerando que la situación denunciada encuentra su origen tanto en la falta de control sobre el acceso al inmueble como en la ausencia de un uso efectivo de éste, deben dirigirse a ambos aspectos”, concluye el fallo.