El Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a una mujer detenida en presencia de sus hijos por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en mayo de 1980 y sometida a golpes y torturas.

En la sentencia (rol 13.044-2025), la jueza Marcela Rojas Sepúlveda estableció que el Estado es responsable de reparar los perjuicios provocados a una víctima de un crimen de lesa humanidad.

“Que, siendo un hecho de la causa que la actora ha sido víctima directa de un delito de lesa humanidad ocasionado por el actuar de agentes del Estado, tal como ha quedado establecido en el fundamento quinto, estos hechos conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención ilegal, apremios ilegítimos y torturas, sufridos por el demandante”, asegura el fallo.

La sentencia agrega: “Así las cosas, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Que, ciertamente, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, de modo que éstas no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilegítimo imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación”.

El fallo continúa: “Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.