El Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar indemnización a una trabajadora universitaria sometida a prisión política y torturas en buques y recintos de la Armada en Valparaíso.
En la sentencia (rol 11.808-2025) la jueza Claudia Veloso Burgos rechazó la excepción de prescripción al tratarse de una víctima de un crimen de lesa humanidad.
“Que, ahora bien, en relación a la imprescriptibilidad de la acción, la Excma. Corte Suprema ya ha asentado abundante jurisprudencia en cuanto a que tratándose de un delito de lesa humanidad - cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instaura el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito.
Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente”, dice el fallo.
Agrega: “Que en consecuencia la acción deducida en autos es imprescriptible, dado que en el contexto normativo en que se ha centrado la controversia, no es posible calificar dicha acción indemnizatoria como de naturaleza meramente patrimonial, como lo sostiene el Fisco de Chile, porque los hechos en que ella se sustenta, son extraños a una relación civil, ya sea contractual o extracontractual, porque este tipo de responsabilidad no emana de una relación convencional ni de la perpetración de un delito común, o de una relación de naturaleza meramente privada, sino que de hechos con relevancia internacional y humanitaria, desde que tiene como fundamento la perpetración de un delito de lesa humanidad, por existir infracción al estatuto que rige el derecho internacional de los derechos humanos”.
“Que el actor demanda por las consecuencias morales derivadas del hecho de ser víctima de delitos de lesa humanidad en dictadura al ser detenido, encarcelado y sometido a torturas físicas y psicológicas, como ha quedado asentado en la motivación Quinta, en sus numerales 1 y 2, de esta sentencia, son hechos que resultan determinantes para tener por acreditado de que el demandante efectivamente ha padecido dolores físicos, sufrimiento y angustias con evidente menoscabo de su integridad física, síquica, afectiva y de su tranquilidad de espíritu, por las consecuencias derivadas del actuar ilícito de agentes y órganos del Estado de Chile, siendo estos los que se consideran para configurar el daño moral que debe ser reparado, toda vez que, no corresponde alegar en la presente jurisdicción la ocurrencia de vejámenes por las detenciones ocasionadas fuera del territorio nacional, al no ser provocadas por agentes del Estado de Chile”, concluye el fallo.
