Tercer TOP de Santiago condena a autor de porte de armas, disparos injustificados y receptación

06-noviembre-2026
En fallo unánime, el tribunal condenó a Héctor Damián Alexander Sandoval Painecura a dos penas de 3 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados; mas 61 días de reclusión efectiva, por receptación de especie mueble. Ilícitos perpetrado en agosto de 2024, en la comuna de La Reina.

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Héctor Damián Alexander Sandoval Painecura a la pena de cumplimiento efectivo de 3 años y un día de presidio y las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo la condena, en calidad de autor del delito consumado de porte ilegal de arma de fuego. Ilícito perpetrado en agosto de 2024, en la comuna de La Reina.

En fallo unánime (causa rol 174-2026), el tribunal –integrada por los jueces Carlos Cosma Inojosa (presidente), Rossana Costa Barraza y Carlos Escobar Salazar (redactor)– condenó, además, a Sandoval Painecura a una segunda pena de 3 años y un día de presidio efectivo y las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo la condena, como autor del delito consumado de disparos injustificados hacia una vivienda habitada.

Finalmente, Sandoval Painecura deberá purgar 61 días de reclusión, con la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de una unidad tributaria mensual, como autor del delito consumado de receptación de especie mueble; más el pago de otra de una unidad tributaria mensual, por porte injustificado de arma cortante en espacio público.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados. Asimismo, se decretó el comiso y destrucción del arma blanca incautada en el procedimiento policial.

El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 10:00 horas del 8 de agosto de 2024, “(…) Héctor Damián Sandoval Painecura concurrió hasta las afueras del domicilio de calle Cuncumén N°361, comuna de La Reina, premunido de un arma de fuego, marca Famae, modelo FN750, N° de serie 0770, 9 mm, semi automática, apta para el disparo, percutando 2 disparos contra el domicilio, incautando junto a este artefacto 9 cartuchos del calibre de esta, careciendo de permiso para el porte del armamento.
Asimismo, se probó que la pistola que mantenía Sandoval Painecura había sido sustraída a su dueño en un delito de robo con intimidación de fecha 18-07-2024, sabiendo o debiendo saber el imputado el origen ilícito de la especie, ya que no puede justificar su legitima adquisición.
Además, en la revisión de sus vestimentas se encontró en el bolsillo del acusado un cuchillo, el cual tampoco justificó su porte”.

“A efecto de fijar las penas, el tribunal ha considerado, primeramente, la determinación que la ley establece para cada uno de los delitos establecidos”, plantea el fallo.

“Así, tratándose del delito de porte de arma de fuego, el artículo 9 de la Ley n°17798 establece la pena de presidio menor en su grado máximo y tratándose del delito de disparos injustificados a un inmueble habitado, el artículo 14 D inciso 5°, de la mencionada ley dispone la pena de presidio menor en su grado máximo”, añade.

La resolución agrega que: “Además, el tribunal tiene presente que el artículo 17b de la ley n°17.798 ordena que la pena impuesta en los delitos previstos en esta ley se debe sancionar de conformidad a lo previsto en el artículo 74 del Código Penal, esto es según la acumulación material de penas. Igualmente, prevé un marco rígido para los delitos que menciona, entre otros, los previstos en los artículos 9 y 14D, es decir incluye los delitos de esta causa, que conlleva el efecto de no moverse dentro del rango legal”.

“Entonces, en el delito de porte de arma de fuego, le beneficia al encartado dos circunstancias atenuantes, sin que le perjudique agravante alguna, el tribunal impondrá la sanción en el mínimo, es decir, en tres años y un día”, ordena.
“Tratándose del delito de disparos injustificados –prosigue– a un inmueble habitado le beneficia una atenuante sin que le perjudique agravante alguna, por lo que la pena también se impondrá en el mínimo de tres años y un día”.

“Ahora, respecto del delito de receptación de especie mueble, se encuentra sancionado en el artículo 456 Bis A del Código Penal, con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales, teniendo en cuanta el valor de la especie receptada como la gravead del delito en que se obtuvieron, si este era conocido por el autor”, afirma.

“Además –continúa–, se tiene en consideración la regla especial de determinación prevista para este delito en el artículo 449, del Código Penal, que estableció la obligación de fijar la pena dentro de los grados señalados por la ley y la determinación de su cuantía en atención a las circunstancias modificatorias”.

“Así las cosas, tratándose del delito de receptación de la pistola, le beneficia dos atenuantes sin que le perjudique agravante alguna, por lo que se impondrá la pena en su extremo inferior, esto es en 61 días”, aclara la resolución.

Para el tribunal: “Finalmente, respecto del delito de porte injustificado de objeto cortante en la vía pública, el inciso segundo del artículo 288 bis prevé la pena alternativa de presidio menor en su grado mínimo o multa de 1 a 4 UTM, el tribunal optó por imponer el pago de una multa por resultar claramente más beneficioso al condenado, al igual que los anteriores, en este caso también le beneficia ambas circunstancias atenuantes, que lleva a fijar la pena en 1 UTM”.

“No resulta procedente el otorgamiento de pena sustitutiva alguna desde que el quantum total de las penas impuestas excede el límite previsto en la ley 18.216, por lo que deberán ser cumplidas de manera efectiva. De esta manera resulta inoficioso valorar los informes acompañados por la defensa”, concluye.

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