Proporcionar conocimientos prácticos de autocuidado y detallar la respuesta de los tribunales ante la ocurrencia de delitos bancarios fue el propósito central de la jornada de difusión sobre la ley 20.009, organizada de forma conjunta por la Corte de Apelaciones de Chillán y el Juzgado de Policía Local de San Carlos.

El encuentro, encabezado por la presidenta del tribunal de alzada chillanejo, Paulina Gallardo, congregó a cerca de cien personas en el Centro Cultural de San Carlos. La cita contó con la participación de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Chillán y abordó el alcance de la legislación sobre fraudes, examinando los métodos delictivos más frecuentes y los criterios que aplican los juzgados frente a este tipo de ilícitos.

En la instancia se remarcó que los adultos mayores representan uno de los grupos más expuestos a estos engaños. Desde el tribunal sancarlino se expusieron las modalidades que afectan de forma recurrente a los usuarios locales, tales como llamadas de falsos ejecutivos, mensajes de texto engañosos atribuibles a tiendas comerciales, operaciones no autorizadas tras el extravío o robo de plásticos de débito y crédito y la detección tardía de movimientos sospechosos en las cuentas.

Evolución de las causas judiciales

Los registros expuestos por el Juzgado de Policía Local evidencian una tendencia al alza en la radicación de acciones fundadas en la ley 20.009 dentro de la comuna. Mientras que en 2022 se ingresaron 6 causas, la cifra aumentó a 13 en 2023 y a 16 en 2024, registrando un salto significativo durante 2025 con 55 demandas. En lo que va del presente año 2026 (al mes de octubre), se contabilizan 41 nuevos ingresos, sumando un total histórico de 131 expedientes. Las cuantías en disputa fluctúan entre los $120.000 y los $100.000.000.

Respecto al estado de resolución judicial, la totalidad de los procesos ingresados hasta el año 2025 inclusive —correspondientes a 90 causas— ya disponen de sentencia de primera instancia. De dicho total, 82 demandas fueron desestimadas al no probarse dolo o culpa grave por parte del usuario, ordenando al banco la restitución de los caudales, la anulación de cargos o multas asociadas y el pago de costas. En tanto, 5 causas concluyeron por acuerdo entre las partes (avenimiento) y únicamente en 3 casos se acogió la pretensión bancaria tras acreditarse la responsabilidad del cliente.

La ministra Paulina Gallardo destacó que "esta jornada marca un hito en el despliegue territorial del Poder Judicial en Ñuble. La coordinación interinstitucional entre nuestro tribunal de alzada, el Juzgado de Policía Local y la PDI resulta indispensable para orientar y proteger a las personas mayores frente al aumento de las estafas electrónicas y telefónicas, asegurando un acceso oportuno y efectivo a la justicia", indicó.

Por su parte, el juez de Policía Local de San Carlos, Óscar Lizana, valoró el marco de asistencia señalando que "acercar la labor de los tribunales a la ciudadanía es un deber prioritario, especialmente en el ámbito local donde nuestros juzgados constituyen el primer punto de contacto de la comunidad con la administración de justicia".