En el marco de la Semana del Lenguaje Claro, la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial realizó -el jueves 15 de octubre- su encuentro anual de capacitación, una instancia híbrida que permitió reunir a sus integrantes de las 17 jurisdicciones del país para compartir conocimientos, actualizar herramientas y fortalecer el trabajo colaborativo en torno a una comunicación judicial más clara y accesible.

La actividad fue organizada por la secretaría técnica de la Comisión, a cargo de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH) de la Corte Suprema, y contó con las palabras de apertura de la ministra de la Corte Suprema Mireya López Miranda, quien encabeza esta instancia de trabajo.

El encuentro se enmarcó en uno de los principales objetivos de la Comisión para 2026: fortalecer la enseñanza y la formación en lenguaje claro, promoviendo que sus más de 50 integrantes actúen como agentes multiplicadores de buenas prácticas en sus respectivas jurisdicciones.

“Creo que es importante enfatizar, lo que tenemos y los desafíos, siempre es bueno compartir experiencias. Durante todo el año hicimos actividades para enfatizar la educación en el lenguaje claro, y por eso era importante culminar con un taller que nos permitieran conocer los avances actuales, que es un insumo para todos los integrantes de la Comisión”, señaló la ministra Mireya López.

La jornada contó con la participación presencial de representantes de los comités regionales de Antofagasta, Copiapó, San Miguel, Santiago y Concepción, además de integrantes de otras jurisdicciones que se sumaron a distancia, favoreciendo el intercambio de experiencias y la construcción de criterios comunes para avanzar hacia una justicia más comprensible.

Inteligencia artificial, comunicación judicial y derecho a comprender

El programa contempló las exposiciones de dos especialistas con trayectoria académica y profesional en lenguaje claro y comunicación judicial.

La doctora Claudia Poblete, académica de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y directora del Núcleo de Lenguaje Claro y Derecho de esa casa de estudios presentó los desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial al trabajo con el lenguaje, así como las oportunidades y riesgos de la aplicación de estas tecnologías.

“Hay muchas alertas, oportunidades y desafíos, y es importante conversar sobre qué piensan y que están haciendo las personas acerca de la inteligencia artificial y lenguaje claro en el contexto judicial” señaló la académica.

Por su parte, el doctor Leonardo Altamirano, jefe de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Argentina, y coordinador del Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil del Poder Judicial de esa provincia, abordó el rol del lenguaje claro en el fortalecimiento de la cercanía, la transparencia y la eficacia de la justicia.

En este sentido, destacó que la labor del Poder Judicial debe estar orientada a servir a la ciudadanía. “Un conflicto que se resuelve, y no se comprende, queda latente”, afirmó, subrayando que la comprensión de las decisiones judiciales es fundamental para que estas cumplan efectivamente su propósito.

Asimismo, valoró el trabajo desarrollado por la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial de Chile, a la que calificó como un referente regional. “Es uno de los más avanzados en esta materia, es un modelo en la región y tiene un nivel de avance que otros poderes judiciales no tienen”, concluyó el experto.

Tras las exposiciones, las y los participantes tuvieron la oportunidad de formular preguntas, dialogar con los especialistas e intercambiar experiencias.

A través de estas actividades, el Poder Judicial busca promover una comunicación que facilite la comprensión de las decisiones, actuaciones y procedimientos judiciales, contribuyendo al ejercicio efectivo del derecho a comprender y al acceso a la justicia.

La jornada reafirmó el compromiso de la Comisión de Lenguaje Claro con la formación permanente, el intercambio de experiencias entre jurisdicciones y la promoción de buenas prácticas que permitan acercar la justicia a las personas.