La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección y ordenó a una administradora de fondos de pensiones la devolución de fondos de un afiliado extranjero.
En la sentencia (rol 10.276-2026), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministro y ministra Pablo Toledo, Paola Díaz y el abogado (i) Rafael Plaza- consideró actuar arbitrario al no devolver los fondos.
“Que, en estas condiciones, al supeditar la devolución de los fondos previsionales a exigencias que, en la situación concreta del recurrente y frente al mérito conjunto de los antecedentes aportados, exceden aquellas necesarias para comprobar los presupuestos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, la recurrida ha incurrido en un actuar ilegal, al impedir el ejercicio de un derecho que el ordenamiento reconoce a los trabajadores extranjeros que satisfacen tales requisitos.
Dicho proceder resulta, asimismo, arbitrario, pues prescinde de antecedentes objetivos y concordantes que permiten establecer tanto la afiliación previsional extranjera y las contingencias cubiertas como la manifestación de voluntad formulada durante la vigencia de la relación laboral, atribuyendo al anexo complementario de 18 de marzo de 2026 un efecto que desconoce la existencia y contenido del instrumento celebrado entre las mismas partes en agosto de 2023”, asegura el fallo.
La sentencia añade: “Que el proceder descrito perturba el legítimo ejercicio del derecho de propiedad del recurrente, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que, pese a encontrarse acreditados los presupuestos legales que habilitan para obtener la devolución prevista en el artículo 7° de la Ley N° 18.156, la recurrida mantiene los fondos previsionales del actor sujetos al régimen ordinario, impidiéndole ejercer la facultad legal de obtener su restitución.
Del mismo modo, la imposición de exigencias que exceden aquellas que resultan necesarias conforme al régimen legal aplicable importa un tratamiento carente de justificación suficiente respecto de quien ha acreditado encontrarse comprendido en la hipótesis excepcional prevista por el legislador, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental”.
“Que, por consiguiente, concurriendo un actuar ilegal y arbitrario que perturba el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales antes señaladas, el recurso de protección deberá ser acogido, adoptándose la medida necesaria para restablecer el imperio del derecho que se señalará a continuación en lo resolutivo”, concluye el fallo.