La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo impetrado en contra de la sentencia que no dio lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, presentada por “representante” de los grupos musicales Marama y Rombai, en contra de la alianza formada por las productoras Time For Fun y Bizarro (T4F+Bizarro), que gestionó la presentación en Chile de las bandas con un tercero.

En fallo unánime (causa rol 37.206-2026), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Arturo Prado Puga, Mauricio Silva Cancino, María Soledad Melo Labra, Eliana Quezada Muñoz y Roberto Contreras Olivares– descartó error en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de base que estableció que el eventual incumplimiento del contrato de representación se celebró en el extranjero (Uruguay), y del cual la parte demandada no formó parte.

“Que los argumentos sobre los cuales se estructura el recurso de casación en el fondo discurren sobre la base de hechos diversos de aquellos que quedaron establecidos en el fallo. En efecto, mientras la sentencia recurrida estableció que la demandada celebró el contrato para la realización de las presentaciones del artista en Chile con una empresa distinta del actor, que con anterioridad a dichos espectáculos, existían antecedentes objetivos que permitían considerar que el propio artista reconocía a esa tercera entidad como su representante, entre ellos, una declaración efectuada ante notario, diversas publicaciones en redes sociales y un comunicado de prensa, que en tales circunstancias, la demandada actuó de manera razonable al contratar con quien aparecía investido de dicha representación y que, además, no se acreditó la concurrencia de dolo ni de negligencia en su actuar; la recurrente –por el contrario– insiste en que la demandada se encontraba obligada a verificar la subsistencia y vigencia jurídica del mandato invocado, que la declaración unilateral emitida por el artista carecía de aptitud para privar de eficacia a la representación que detentaba el actor, que la demandada tenía conocimiento de la existencia de este último y de su intervención en la gestión de las presentaciones, que las comunicaciones intercambiadas con anterioridad a la contratación daban cuenta de la vigencia de dicha representación y que, en consecuencia, aquella debió desplegar mayores diligencias destinadas a esclarecer la situación jurídica de las partes antes de celebrar el contrato cuestionado; pese a que la sentencia tuvo por asentado que no se acreditó una conducta dolosa o negligente, presupuesto esencial de la responsabilidad extracontractual regulada por el artículo 2314 del Código Civil”, detalla el fallo.

La resolución agrega: “Que, tales presupuestos fácticos, que sirven de sustento a la decisión de rechazar la acción, resultan inamovibles para esta Corte, desde que no han sido impugnados mediante la denuncia de infracción de leyes reguladoras de la prueba que, de ser efectiva, permitiría alterarlos y arribar, de ese modo, a las conclusiones que pretende la recurrente. En efecto, en este punto yerra la recurrente al denunciar como infringido en esta calidad los artículos 341 y 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil, pues estas disposiciones no participan de esta naturaleza de reguladoras de la prueba”.

“A su turno –continúa–, en lo concerniente a la infracción denunciada respecto del artículo 1698 del Código Civil, dicha norma se vulnera cuando la sentencia impone a una de las partes la carga de probar un hecho que correspondía acreditar a su contraparte, esto es, cuando se altera el onus probandi, circunstancia que, a la luz de los antecedentes, no se observa en la especie, razón por la cual el recurso debe ser desestimado en este extremo”.

“Por otra parte, ha de considerarse que el propósito final de las alegaciones vertidas por la parte recurrente sobre este punto, para configurar el error de derecho que atribuye a la sentencia recurrida, consiste en instar para que esta Corte efectúe una nueva ponderación de la prueba, diversa de la ya realizada por los jueces del mérito, labor que resulta ajena a los fines del recurso de casación en el fondo”, releva.

“Finalmente, no ha podido existir la infracción que señala el recurso respecto al artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, pues, conforme se ha resuelto reiteradamente por este tribunal de casación, la prueba de presunciones judiciales se sostiene, esencialmente, en la persuasión racional de los jueces, de forma tal que la actividad desplegada por ellos en ese aspecto responde al ejercicio de una facultad y, por ende, escapa al control de la casación en el fondo”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Francisco Rodríguez Raffo, en representación de la parte demandante, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha once de junio de dos mil veintiséis”.