Corte Suprema aumenta indemnización a joven estudiante detenido y torturado en 1979

26-agosto-2026
En fallo unánime, Segunda Sala del máximo tribunal fijó en $45.000.000 el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar por concepto de daño moral, a Luis Enrique Ramírez Molina, estudiante y monitor de confirmación a la época de los hechos, detenido por efectivos de Carabineros por asistir a misa de conmemoración del Día Internacional de Trabajo, el 1 de mayo de 1979, y sometido a apremios y tortura en unidades policiales y luego ingresado a la Penitenciaría de Santiago.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandante y, en sentencia de reemplazo, fijó en $45.000.000 el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar por concepto de daño moral, a Luis Enrique Ramírez Molina, estudiante y monitor de confirmación a la época de los hechos, detenido por efectivos de Carabineros por asistir a misa de conmemoración del Día Internacional de Trabajo, el 1 de mayo de 1979, y sometido a apremios y tortura en unidades policiales y luego ingresado a la Penitenciaría de Santiago.

En fallo unánime (causa rol 59.469-2024), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Omar Astudillo, Jorge Zepeda y la abogada (i) Pía Tavolari– estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rebajó sin fundamentar el monto resarcitorio fijado en primera instancia.

“Que, así las cosas, la rebaja indemnizatoria adoptada por los magistrados de segundo grado se sustenta en los padecimientos asociados al hecho dañoso y los montos asignados en casos similares, razones que son tan generales como imprecisas pues los sentenciadores no identifican aspectos precisos sino que apuntan a un sufrimiento que, por lo demás, ya ha sido valorado por el tribunal de base y, lo referente a una suerte de preservación de la igualdad de los montos indemnizatorios otorgados en procesos similares, no permiten conocer los motivos que derivaron en la reducción que ahora se cuestiona”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “En este sentido, sabido es que, si el tribunal explica las razones de su resolución, es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que, en esta materia, debe ser el corolario de la estimación legal de las probanzas, exteriorizada como una explicación racional sobre las razones de la decisión de una determinada manera –y no de otra–, explicación que deberá ser comprensible, tanto por las partes como por terceros, mediante el uso de la razón”.

“Que, en esta línea, la sentencia impugnada no entrega una explicación innovativa ni tampoco suficiente, por tanto, ha de entenderse que el fallo se encuentra incurso del vicio de casación del numeral 5° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el numeral 4° del artículo 170 del mismo cuerpo legal, irregularidad que presenta evidente influencia en lo dispositivo de la sentencia pues, en rigor, ello ha impedido la resolución del asunto como en Derecho corresponde, debiendo por ello invalidar la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho y a los hechos de la causa”, añade el fallo de casación formal.

Por tanto, se resuelve en la sentencia de reemplazo que: “se CONFIRMA la sentencia apelada de fecha ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol C-16.473-2023, CON DECLARACIÓN que el monto de la indemnización de perjuicios fijada en favor de don Luis Enrique Ramirez Molina, queda fijado en la suma $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos), más reajustes e intereses que se indican en el fallo que se revisa, sin costas”.

Decisión acordada con la prevención del ministro Zepeda, quien estuvo por confirmar el fallo de primera instancia en todas sus partes.