El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena condenó hoy –sábado 11 de julio– a N.P.C.M. y B.O.G.G., funcionarias del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, cumplir dos penas de 4 años de presidio efectivo, más el pago de sendas multas por el 50% del perjuicio causado y 100 UTM, por su responsabilidad, en calidad de autoras, en los delitos consumados de fraude al fisco y lavado de activos, respectivamente. Ilícitos perpetrados entre 2019 y 2024, en la comuna.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por las magistradas Carol Sepúlveda (presidenta), María Inés Devoto y Francisca Muñoz Bruna (redactora)– condenó al acusado C.A.M.F a las penas de 4 años de presidio efectivo, más multa de 100 UTM, como autor del delito de lavado de activos; y 3 años de reclusión y multa de 15 UTM por fraude de prestaciones estales.

En la causa, el tribunal aplicó a los otros 10 acusados, penas de entre 840 y 1.082 días de presidio, más multas de entre tres y 10 UTM, penas sustituidas por la remisión condicional por los lapsos respectivos.

Finalmente, el tribunal decretó el comiso de los vehículos (3), casa habitación y dinero en efectivo incautados en el procedimiento.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que al menos desde diciembre de 2019 y hasta 2024, N.P.C.M., coordinadora del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMGGV), y B.O.G.G., secretaria (cargos que ejercieron hasta enero y abril de 2022, respectivamente), junto a C.A.M.F., cónyuge de N.P.C.M., se coordinaron con el objetivo de cometer de manera sistemática y permanente delitos tendientes a la defraudación de fondos públicos y lavado de activos que administra la corporación, desempeñando cada uno de los integrantes funciones determinadas y útiles para el propósito delictivo, que les permitió defraudar al fisco en, aproximadamente, la suma total de $762.778.091, a través de pagos improcedentes, realizados por el Departamento de Finanzas de la Corporación Municipal, a sujetos que reclutaban y que no prestaron servicio alguno a la repartición.

“Las maniobras engañosas efectuadas por los mencionados trece acusados y que demuestran la concurrencia del elemento subjetivo exigido por el tipo penal, esto es, dolo directo, dicen relación con haber simulado la existencia de actividades, servicios o prestaciones que no realizaban, con ánimo de defraudar a la CMGGV, proporcionando boletas ideológicamente falsas y/o facilitando sus claves para la confección de las mismas, para efectos de percibir pagos por concepto de honorarios durante los años 2020 y 2021, apropiándose de bienes fiscales, específicamente, de recursos públicos que administraba dicha entidad, causando el perjuicio al erario municipal, en los términos extensamente referidos en los motivos décimo cuarto y décimo quinto precedentes”, detalla la sentencia.

Para el tribunal: “De esa manera, existió un actuar conjunto de los acusados en orden a este ardid defraudatorio, en términos de coautoría, para efectos de alcanzar el fin perseguido, a saber, obtener pagos improcedentes por parte de la CMGGV, dadas las coordinaciones necesarias que implicó y las acciones vinculadas que desplegaron, por ejemplo, en relación a la confección de las boletas ideológicamente falsas, a la entrega de dinero en efectivo por mano y también a los movimientos bancarios de transferencias y retransferencias efectuadas entre ellos de parte de los montos defraudados”.

En cuanto a la participación de las funcionarias del Departamento de Salud, el fallo consigna que: “(…) se acreditó que ambas acusadas, valiéndose de sus cargos y con ánimo de defraudar a la CMGGV, se apropiaron de bienes fiscales, específicamente, de fondos públicos que administraba dicha entidad, emitiendo y usando para dichos fines boletas de honorarios e informes mensuales de actividades falsificados, logrando que terceros –los coacusados, así como otros involucrados–, obtuvieran pagos improcedentes realizados por el Departamento de Finanzas de la Corporación, recibiendo ellas –junto a Muñoz–, con posterioridad, la mayor parte de los montos defraudados, causando el perjuicio antes referido al erario municipal”.

Lavado de activos

Los montos defraudados por los condenados, posteriormente, fueron reintroducidos al sistema económico formal a través de diversas maniobras de ocultamiento, como transferencias bancarias para ocultar su origen ilegal para, finalmente, utilizarlos para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

“(…) una vez recibidos los fondos públicos mal habidos, provenientes de los ilícitos de fraude estatuidos, a lo menos desde el año 2020, los receptores directos de los mismos, y conforme directrices, a sabiendas de que tales dineros tenían origen espurio, ocultaron o disimularon su origen, logrando integrar y estratificar en el sistema económico financiero el dinero generado, mezclando estos fondos con otros bienes de origen lícito e integrándolos en definitiva al sistema económico formal, desvinculando progresivamente el dinero de su fuente ilícita e introduciéndolo al sistema económico financiero mediante la utilización de cuentas bancarias de los involucrados, transacciones, transferencias y movimientos entre cuentas personales de un mismo titular o de coimputados, con el objeto de dificultar la trazabilidad de los fondos, y la utilización intensiva de dinero en efectivo”, consigna la resolución.

“En el caso de los acusados N.P.C.M., B.O.G.G. y C.A.M.F, se acreditó la utilización de los fondos ilícitos para obtener réditos y también adquirir otros bienes. En ese sentido, los mencionados acusados, sabiendo el origen ilícito de los dineros que obtuvieron en razón de las defraudaciones, realizaron diversas maniobras para adquirir, poseer, tener o usar los referidos bienes, con ánimo de lucro, en el período comprendido entre los años 2020 y 2024”, devela.