El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dictó veredicto condenatorio en contra de N.P.C.M. y B.O.G.G., funcionarias del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, en calidad de autoras de los delitos consumados de fraude al fisco y lavado de activos. Ilícitos perpetrados entre 2019 y 2024, en la comuna.

En resolución unánime, el tribunal –integrado por las magistradas Carol Sepúlveda (presidenta), María Inés Devoto y Francisca Muñoz Bruna (redactora)– tras la deliberación de rigor dio por acreditado tanto la comisión de los delitos como la participación culpable de la totalidad de los acusados en los hechos acreditados.

Asimismo, el tribunal dictó veredicto condenatorio en contra de los otros once acusados, por su responsabilidad en los delitos de fraude de prestaciones estales y lavado de activos.

El tribunal arribo a la convicción, más allá de toda duda razonable, que al menos desde diciembre de 2019 y hasta 2024, N.P.C.M., coordinadora del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, y B.O.G.G., secretaria (cargos que ejercieron hasta enero y abril de 2022, respectivamente), junto a C.A.M.F, cónyuge de N.P.C.M., se coordinaron con el objetivo de cometer de manera sistemática y permanente delitos tendientes a la defraudación de fondos públicos y lavado de activos que administra la corporación, desempeñando cada uno de los integrantes funciones determinadas y útiles para el propósito delictivo, que les permitió defraudar al fisco en, aproximadamente, la suma total de $762.778.091, a través de pagos improcedentes, realizados por el Departamento de Finanzas de la Corporación Municipal, a sujetos que reclutaban y que no prestaron servicio alguno a la repartición.

“Respecto de la imputación de fraude al fisco, ha resultado indubitado que las acusadas, N.P.C.M. y B.O.G.G., dentro de las funciones que desempeñaban en el Departamento de Salud de la Corporación Municipal, manteniendo la calidad de empleadas públicas según los términos del artículo 260 del Código Penal, completaron cada uno de los elementos constitutivos del tipo estatuido en el artículo 239 del mismo cuerpo normativo, generando con su actuar un perjuicio fiscal ascendente a la suma total de $762.778.091”, consigna el acta de deliberación.

El dictamen agrega que: “Por su parte, respecto del ilícito de lavado de activos, los elementos de convicción incorporados a juicio han revelado de manera nítida que el accionar de todos los acusados estuvo dirigido a ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos que recibían por concepto de pago de remuneraciones por parte de la aludida corporación por servicios no prestados, a sabiendas de que provenían directamente de la perpetración de hechos constitutivos de defraudación fiscal –en el caso de N.P.C.M. y B.O.G.G.– así como del fraude especial contemplado en el numeral 8° del artículo 470 del Código Penal –en relación a los restantes acusados–, realizando posteriormente transferencias de dinero entre cuentas bancarias de diversos coimputados, para posibilitar su introducción al sistema económico formal, además de movimientos entre cuentas personales de un mismo titular, con el objeto de dificultar la trazabilidad de los fondos, habiéndose acreditado, asimismo, diversos giros en efectivo por cuantiosas sumas de dinero respecto de algunos acusados”.

“Igualmente, en el caso de los acusados, N.P.C.M. y B.O.G.G. y C.A.M.F, se acreditó la utilización de los fondos ilícitos para obtener réditos y también adquirir otros bienes. Es así, como el conjunto de movimientos únicamente en el sistema bancario alcanza un monto total aproximado de $1.700.000.000, incluyendo transferencias entre cuentas propias, entre las de los involucrados y cuentas de sociedades”, añade el acta.

La audiencia de comunicación de la sentencia –que será redactada por la jueza Muñoz Bruna– quedó programada para las 11:00 horas del sábado 11 de julio próximo.