Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el martes 16 de junio recién pasado– analizó el proyecto de ley que: “Modifica la Ley Nº20.370, General de Educación, para sancionar a padres y apoderados cuyos hijos o pupilos participen en hechos constitutivos de acoso escolar”. Informe que fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputado el mismo día.

“En conclusión, el proyecto tiene por finalidad sancionar a padres y apoderados que, por causas que les sean imputables, hayan incumplido las medidas correctivas que el establecimiento educacional instruyó, de acuerdo con el protocolo de actuación respectivo, ante acciones de sus hijos o pupilos que sean constitutivas de acoso escolar”, plantea el informe.

“Como observación general, se apunta, por razones técnico-legales, que la disposición propuesta debiera ser reubicada dentro del DFL 2”, añade.

Para el pleno de ministros: “Como primera observación específica, se estima apropiado radicar la imposición de multa propuesta en los juzgados de policía local, dado que gran parte de su actividad jurisdiccional es de corte infraccional”.

“En segundo término, se observó que la iniciativa debe establecer en forma expresa las reglas de competencia relativa”, sugiere el oficio respuesta.

“Por último, se estima necesario otorgar contenido al concepto de ‘medidas correctivas’ con el objeto de delimitar de mejor manera el tipo infraccional, y se estima acertado instar por una configuración infraccional de tipo subjetivo, de modo que sea coherente con el objetivo declarado de la propuesta”, propone la Corte Suprema.
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