El Juzgado de Garantía de Illapel dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, a cuatro gendarmes y un civil, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de asociación criminal, tráfico ilegal de drogas, lavado de activos, cohecho e ingreso de elementos prohibidos a recintos penales. Ilícitos perpetrados desde 2021, en la comuna y las regiones Metropolitana y del Biobío.

En la audiencia de formalización de la investigación, la que se extendió por dos jornadas, la jueza Andrea Rojas Cortés al resolver la privación de libertad de los imputados sostuvo que: “Aquí nos encontramos ante una red criminal organizada que operaba desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel, afectando gravemente la seguridad de un recinto penal del Estado”.

“La pluralidad de delitos imputados, la altísima gravedad de las penas asignadas por ley, que en un total podrían arrojar sanciones en torno al presidio mayor en los grados medio a máximo, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla mediante el uso de funciones públicas configuran un estándar normativo objetivo de peligro para la seguridad de la sociedad”, añadió.

 Asimismo, decretó prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad para dos imputadas por la fiscalía como autoras del delito de tráfico ilícito de drogas, desestimando, en esta etapa procesal, la imputación por asociación criminal.

“La ley 20.000 establece que el tráfico de drogas atenta de forma directa contra la salud pública. Mantener a las imputadas bajo arresto domiciliario en los mismos inmuebles donde funcionaban como centros de acopio y dosificación resulta del todo insuficiente para garantizar que no sigan operando como foco de abastecimiento para la red, como así respecto de otros consumidores”, razono la magistrada al rechazar la propuesta de cautelares planteada por la defensa.

En el caso de un quinto gendarme, el tribunal también desestimó su participación en los delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas imputados por el Ministerio Público y solo dio por acreditado, en este estado procesal, que le cupo responsabilidad solo en los delitos de cohecho e ingreso de dispositivos electrónicos a establecimientos penitenciarios, por lo que ordenó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con los coimputados.

"La necesidad de cautela en este caso disminuye en su intensidad social, si bien el cohecho ejecutado por un funcionario público es un acto delictivo grave que lesiona la probidad, al carecer de antecedentes penales previos y estar totalmente ya desvinculado a una red de narcotráfico sancionada en la Ley 20.000, la prisión preventiva, en este caso, se torna desproporcionada", razonó la magistrada.

En la causa, la jueza desestimó los delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas imputados por la fiscalía a otros tres imputados, y  ordenó a su respecto las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de acercarse o comunicarse con los coimputados.

"El tribunal ha esbozado que respecto de ellos podría darse por acreditado un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, pero en pequeñas cantidades, o una complicidad menor de un delito de contrabando de elementos tecnológicos. Respecto de estos imputados las sospechas de la fiscalía decayeron sustancialmente tras un examen analítico de las pruebas", concluyó la jueza.

En la primera jornada, por acuerdo entre las partes y por tener una participación menor en los hechos indagados, otros cinco imputados quedaron sujetos a las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional (uno); y arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional (cuatro).

Finalmente, el tribunal fijó en 120 días el plazo de investigación de la causa.

Según el ente persecutor, desde 2021 funcionó una organización criminal con asiento en la comuna de Illapel, cuyas operaciones se extienden a otras comunas del país de la Región Metropolitana y del Biobío; organización integrada por cinco miembros de Gendarmería, civiles e internos del Centro de Detención Preventiva de Illapel, cuyo propósito era adquirir, transferir, poseer, suministrar, guardar, portar e ingresar drogas al centro penitenciario de la comuna, junto a elementos prohibidos (teléfonos celulares, chips de teléfono), para entregarlos a internos de dicho recinto penal, a cambio de dinero.

Actividades ilícitas que le permitieron a la organización amasar ganancias calculadas en $223.209.732, monto que movían a través de cuentas bancarias y que utilizaron para la adquisición de bienes con el objeto de ocultar su origen ilícito.