El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó, con costas, a Mauricio Alejandro Álvarez García a la pena de cumplimiento efectivo de 6 años de presidio, las accesorias legales de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de una multa de $25.980.256, en calidad de autor del delito único de fraude al fisco y cohecho activo. Ilícitos cometidos entre junio y octubre de 2018, en la ciudad.

En fallo unánime (causa rol 319-2024), el tribunal –integrado por los magistrados Verónica Herrera Ocares (presidenta), Carolina Escandón Cox y Pedro Suárez Nieto (redactor)– condenó, también en costas, a la acusada Pía Catalina González González a 540 días de reclusión, pena sustituida por la remisión condicional por igual lapso, más la accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos temporal, como coautora del delito de soborno.

En la causa, el tribunal condenó, sin costas, al tercer acusado Marcos Andrés Pozo Reyes a 540 días de presidio, pena sustituida por la remisión condicional por igual lapso, accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos temporal y el pago de una multa a beneficio fiscal de $10.000.000, como coautor del delito consumado de soborno, cometido entre junio y octubre de 2018, en la comuna de Santiago.

Finalmente, el tribunal decretó por falta de acreditación, la absolución de González González y Pozo Reyes, de la acusación fiscal que les atribuía autoría en el delito de fraude al fisco, por el que resultó condenado Álvarez García.

En el ámbito civil, el tribunal acogió, con costas, la demanda de indemnización de perjuicios deducida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y condenó a Álvarez García al pago de la suma de $259.802.566 por concepto de daño material, por el delito de fraude al fisco.
 
Plan delictual
El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que: “En el año 2018, atendido el cambio de autoridades de Gobierno y de la dirección del Ministerio de Salud, se adoptó la decisión de modificar el modelo de financiamiento y/o inversión en el área de la construcción de hospitales transitando desde un sistema de construcción de obras propias a uno de alianza público-privada.
Esta nueva política de construcción impactó en el proyecto de Reposición del Hospital San Luis de Buin-Paine, el que había obtenido la Recomendación Socialmente Favorable (RS) del Ministerio de Desarrollo Social en el año 2017, se encontraba en la etapa de diseño, contando con un presupuesto total aprobado por el Gobierno Regional de la Región Metropolitana que ascendía a $2.099.000.000.
En efecto, el proyecto se financiaba con fondos provenientes del Gobierno Regional denominados Fondos de Apoyo Regional (FAR), solicitándose para la Reposición del Hospital de Buin la suma de $1.300.000.000 destinados para el año 2018, mediante ficha de Iniciativa de Inversión (Ficha IDI). Es del caso señalar, que, durante el 1º semestre del año 2018, es ajustado el origen del financiamiento pasando desde fondos FAR a un financiamiento sectorial con fondos provenientes desde el Ministerio de Salud.
La dilación provocada por esta situación, junto a la necesidad de acordar directrices de actuación con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud, motiva a que la directora subrogante de la época del Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), Carmen Aravena, solicite una reunión con estas nuevas autoridades, la que se concreta el día 8 de mayo de 2018, en la División de Inversiones del MINSAL, asistiendo en representación del SSMS, el sub director Administrativo, Alfredo Román, el jefe de Recursos Físico, Jorge Plaza, el jefe de Proyecto Reposición del Hospital San Luis de Buin-Paine, Francisco Márquez junto a parte de su equipo, y por parte de Ministerio de Salud participa el jefe de Finanzas de la División de Inversiones, Mauricio Álvarez García, no así el jefe de dicha división, Luis Barrios.
En esa reunión, el jefe de Finanzas de la División de Inversiones Mauricio Álvarez García informó el cambio del proyecto de diseño íntegro aprobado a un anteproyecto en asociación público-privada (APP), lo que involucraba un ajuste de la Ficha IDI, citando a una nueva reunión el día 10 mayo de 2018, donde el SSMS debía presentar un ajuste del presupuesto, por los cambios al proyecto, estimándose por el SSMS un presupuesto aprox. de $950.000.000.
En la reunión de fecha 10 de mayo de 2018, que tuvo lugar en la División de inversiones del MINSAL, Mauricio Álvarez García, comunica al equipo del SSMS, que se mantendrá el monto aprobado de M$1.300 para el año 2018.
En esa reunión, el jefe de Finanzas de la División de Inversiones del Ministerio de Salud, Mauricio Álvarez García, hace presente que, para las nuevas autoridades de esa cartera, era necesario incorporar al Anteproyecto de Diseño de Reposición del Hospital de Buin Paine, la asistencia de un equipo revisor externo, situación que condicionaría la continuidad del proyecto de construcción de dicho hospital.
La exigencia de Álvarez en orden a incorporar a un equipo externo estaba motivada por la ventaja económica personal, que obtendría al mutar el proyecto del Hospital San Luis de Buin, de proyecto de diseño y ejecución a un anteproyecto de diseño, modificación que involucraba menores recursos públicos a los ya aprobados, quedando una suma disponible que resultaba útil a las pretensiones de Álvarez, motivación que lo lleva a definir un plan delictual, procediendo el imputado Álvarez a acudir a dos particulares de su confianza y cercanía, Pía González González, arquitecta, y su pareja Marcos Pozo Reyes, el que se presentaba como constructor, quienes eran sus vecinos en la comuna de Buin, y a quienes había confiado la construcción de su casa en la parcela en que vivía. Así, Álvarez propone introducirlos en este proyecto, mediante la carta profesional de Pía González, creando desde su posición de funcionario público, una necesidad ficticia de contratación de un equipo externo, aparentando visos de legalidad supuestamente justificado en la existencia ahora de un anteproyecto avanzado.
En concreto, Álvarez propone presentar a Pía González como coordinadora del equipo de profesionales externos, ante el SSMS con la finalidad de ser contratada, junto a otros profesionales que debía contactar tanto González como Pozo, a fin de conformar un equipo externo de revisión del anteproyecto de diseño del Hospital San Luis de Buin, solicitándoles, a cambio la entrega de un beneficio económico que ascendería al 10% de la suma total que se les pagaría al equipo de asesores externos a honorarios, propuesta ilícita que tanto Pía González y Marcos Pozo, aceptan. El imputado Álvarez incurre en dicha conducta con incumplimiento de los deberes del cargo de jefe de Finanzas de la División de Inversiones del Ministerio de Salud, correspondiente a la legalidad y probidad con que debe ejercer su función pública como también de eficiencia y eficacia en la administración y destinación de los recursos públicos.
De esta forma, Mauricio Álvarez durante la reunión acordada con los funcionarios del SSMS de fecha 10 de mayo de 2018, para discutir el presupuesto que se entregaría al ahora anteproyecto de diseño de Reposición del Hospital San Luis de Buin, presenta a su vecina la arquitecta Pía González como coordinadora del equipo externo revisor, a la que atribuye competencias inexistentes, y le da un rol a cargo de los 18 profesionales y técnicos que integrarían dicho equipo, cuyo costo se fija en la suma de $400.000.000; aclarando en la oportunidad que para el desarrollo del Anteproyecto de Reposición se contaba con suma $900.000.000, lo que permitía completar el presupuesto total de $1.300.000.000, asignado para el año 2018.
Debido a la necesidad de avanzar en este Anteproyecto de Hospital San Luis de Buin, el SSMS accede a la propuesta de la contratación del equipo asesor externo. Así es que el equipo queda liderado por la arquitecta Pía González e integrado por profesionales y técnicos que fueron captados por medio de ella y de su pareja, Marcos Pozo, siendo contratados en definitiva por el SSMS, por medio de su directora subrogante, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios a honorarios en el período de junio a diciembre de 2018, y estaba integrado por las siguientes personas y bajo las siguientes condiciones: [*** ver detalle en recuadro en fallo adjunto]
Los servicios prestados por este equipo revisor, coordinado por Pía González, no resultaron útiles al anteproyecto de diseño de Reposición del Hospital de Buin, atendido el incipiente estado de avance del anteproyecto que debía ser elaborado por el equipo interno del SSMS, por lo que dichos servicios externos de revisión no resultaban pertinentes, oportunos ni provechosos, siendo además evacuados por profesionales o técnicos que no contaban con experiencia en el área de construcción de hospitales, circunstancia que especialmente exhibía la coordinadora del equipo, Pía González, quien además presentaba una acotada experiencia laboral y ninguna expertise en la construcción y revisión de proyectos hospitalarios, quienes entregaron informes de servicios, en general, con contenido básico y reiterativo. Además, este equipo no reunía ningún grado de eficiencia que justificara los altos honorarios que les fueron pagados y por los que fueron contratados, pagándose sumas que incluso superaban los honorarios de aquellos funcionarios del SSMS que tuvieron a su cargo tareas sensibles en el diseño del anteproyecto.
De esta forma se concreta el modo de defraudar por parte del funcionario público Álvarez, el que mediante el incumplimiento de deberes del cargo junto a la creación de una falsa necesidad para que prosperara la concreción del Anteproyecto del Hospital San Luis de Buin, la que sería cubierta por este equipo externo, que no reunía ni las calidades profesionales ni la experiencia para cumplir las tareas contratadas, no efectúan las labores de revisión útiles.
Por otra parte, los imputados, la arquitecta Pía González y el contratista Marcos Pozo, les exigieron a los profesionales y técnicos, para acceder a ser contratados, que debían contribuir con parte de sus honorarios mensuales consistente en un 10%, a fin de solventar supuestos gastos operacionales para el funcionamiento del equipo externo, siendo que, en definitiva, esos dineros recaudados por González y Pozo fueron entregados y percibidos por Álvarez para su beneficio personal, según habían acordado.
De esta manera, Mauricio Álvarez, en su calidad de funcionario público del Ministerio de Salud, desempeñando el cargo de jefe de Finanzas de la División de Inversiones y amparándose en su calidad de subrogante del jefe de dicha División, en colaboración con los particulares Pía González y Marcos Pozo, defrauda al fisco, provocando con su actuar fraudulento un perjuicio para las arcas públicas de $259.802.566.
De igual forma este funcionario público incurre en la conducta precisada motivado por un beneficio económico, que solicita a los particulares Pía González y Marcos Pozo con la finalidad de intervenir en la conducta defraudatoria y por su parte los particulares se ven motivados en aceptar y entregar este beneficio económico, a fin de acceder a los fondos públicos con los cuales se pagarían estos honorarios, perjudicando al Servicio de Salud Metropolitano Sur, el que administraba estos recursos financiados por parte del Ministerio de Salud.
El monto de perjuicio corresponde a los pagos que se realizan por honorarios del equipo externo revisor, entre los meses de junio a septiembre de 2018 de forma completa y parcializada en el mes de octubre, lo que da un total de $259.802.566. Aquello da cuenta que no se cumplió con el periodo completo para el cual fueron contratados a honorarios el equipo externo, en atención que el imputado Álvarez solicito a la directora (S) del SSMS el término inmediato de todos los contratos a honorarios del equipo externo, lo que en definitiva se debió a la existencia desavenencias serias con sus socios del negocio ilícito, en especial con Marcos Pozo”.