La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich y el Fiscla Judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro, expusieron hoy en la Comisión de Constitución; Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Ambos fueron invitados a exponer sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos del Poder Judicial, un Consejo de Conducta Judicial e introduce importantes cambios en las funciones de la Fiscalía Judicial.

La sesión fue presidida por el senador Pedro Araya, y a ella asistieron también Claudia Pascual, Arturo Squella, Andrés Longton y Paulina Vodanovic.

En su intervención en nombre del pleno de la Corte, la presidenta Chevesich expresó que "deseo manifestar la permanente y constructiva disposición de la Corte Suprema para colaborar activamente en el debate legislativo, dentro de la esfera de sus competencias. Entendemos que el perfeccionamiento de las instituciones de la República, y muy particularmente de aquellas que garantizan la tutela de los derechos de las personas a través de la administración de justicia, exige un diálogo constante, armónico y profundo entre los distintos poderes del Estado".

 Agregó que "coincidimos en la urgencia de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas, en el imperativo de modernizar y objetivar los procesos de nombramientos judiciales, y en la tarea de fortalecer nuestra independencia interna y externa, abordando con decisión las problemáticas asociadas a los conflictos de interés, la gestión de recursos y los estándares de transparencia institucional".

"A los cambios del proyecto en su primer trámite constitucional, debemos sumar aquellos que se proponen en su estado actual de tramitación ante esta Comisión, particularmente con motivo de las indicaciones presentadas por los honorables parlamentarios y por el Ejecutivo. Las indicaciones del Ejecutivo inciden en aspectos muy importantes del diseño del proyecto. (...) Entre otras modificaciones, se propone ahora que el Tribunal de Conducta Judicial no sea un órgano permanente, sino que esté formado por tres jueces sorteados para cada ocasión específica de entre quienes cuenten con diez años de experiencia (..) Asimismo, ha propuesto entregar a la Fiscalía Judicial la facultad de "dictar normas éticas" que serían aplicables no solo a los jueces, sino también a funcionarios, auxiliares de la administración de justicia e incluso a los abogados. 

Respecto al Sistema de Nombramiento de los integrantes de la judicatura, la ministra dijo que  "tratándose del nombramiento de los ministros, ministras y el fiscal judicial de la Corte Suprema, el Tribunal Pleno considera adecuado y prudente un modelo en el cual participen los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad, de manera tal que la Corte Suprema sea la que forme la cinquena y el Presidente de la República elija entre ellos el nombre que se somete a ratificación del Senado".

En relación con los nombramientos de ministros y ministras y fiscales de cortes de apelaciones, y jueces de letras, "se ha estimado adecuado que el Consejo de Nombramientos proponga los candidatos a estos cargos al Presidente de la República, para que sea éste quien haga la respectiva designación", dijo la presidenta.

En cuanto a la designación de otros funcionarios judiciales, se ha acordado que resulta apropiado que el Consejo de Nombramientos esté a cargo de la selección y designación de los demás funcionarios judiciales que la ley determine (que no sean jueces, ministros ni fiscales judiciales).

En segundo lugar, en relación con la Composición del Consejo de Nombramientos Judiciales, y teniendo presente que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional no incluye una fórmula de integración de este órgano, el Tribunal Pleno consideró adecuado mantener la postura adoptada por la Corte Suprema el año 2024, en orden a que dichoConsejo tenga una composición mixta, integrada mayoritariamente por miembros de la judicatura, señaló la autridad.

Sobre la propuesta de que el Tribunal de Conducta Judicial se conforme por 3 jueces sorteados para el caso concreto, de entre quienes tengan al menos 10 años de ejercicio y no registren sanciones disciplinarias, "se estimó necesario hacer presente la conveniencia de asegurar que quienes compongan ese tribunal sean de la misma categoría que el magistrado investigado", dijo Chevesich..

Y respecto de la conformación del órgano a cargo de la administración de recursos de los tribunales, "se estima necesario que, dada la trascendencia de este rol, esa integración quede regulada en el texto constitucional. En el texto actual del proyecto esa conformación queda sujeta a lo que señale la Ley Orgánica respectiva", puntualizó.

Concluyó la presidenta señalando que" el mandato de perfeccionar el Estado de Derecho exige, en palabras de don Andrés Bello, no descuidar la constitución judicial de la República. He comparecido ante ustedes para compartir las reflexiones de la Corte Suprema, con el único y exclusivo afán de contribuir a la promoción de un gobierno judicial moderno, probo e independiente".

FISCALÍA JUDICIAL

Por su parte, el Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, dio cuenta de los cambios en las atribuciones y funciones que ya ha enfrentado esta entidad con motivo de la vigencia de la normativa sobre notarios, conservadores y archiveros. Junto con ello expresó que “el sistema de control de judicatura que esta reforma pretende construir, es ineludible. La ciudadanía así lo exige y la legitimidad Poder Judicial lo requiere. La Fiscalía Judicial está dispuesta a ser el pilar disciplinario de este sistema, lo que se somete a consideración es la condición mínima para que la reforma pueda realmente cumplirse. Un mandato constitucional sin estructura operativa, no fortalece el sistema, sino que lo expone al fracaso, con consecuencia directa sobre la confianza ciudadana que esta reforma demanda”.

Asimismo, hizo hincapie en que debe abordarse la propuesta que se hace de concentración de tres potestades incompatibles en un mismo órgano, la Fiscalía Judicial. "En efecto, la propuesta del Ejecutivo le asigna a la Fiscalía Judicial la facultad de dictar normas éticas, investigar su transgresión y acusar ante el tribunal disciplinario. Eso significa que el mismo órgano fija las regla, instruye el expediente y formula los cargos". Quien produce la norma no puede ser imparcial al jzugar si fuere infringida aquella, atentdio que tiene interés institucional en la validez y el alcance de su propia producción normativa", dijo Pizarro,  

Ante estas problemáticas planteó cinco propuestas  concretas relativas a la necesidad de una normativa transitoria previa a la entrad en vigencia de las nuevas disposiciones; constitucionalizar la subrogación del Fiscal Judicial de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones y separar la potestad normativa ética de las funciones investigadora y acusatoria, entre otras.